SOBRE EL CONCEPTO Y EL HECHO DE LA REPRESIÓN. Por Mª Carmen Martínez Hernández.

    El concepto de represión.

    El término de “represión” es precisado conceptualmente por Glicerio Sánchez Recio, como “la acción de reprimir o castigar hechos subversivos que tienen como finalidad subvertir los fundamentos del Estado establecido y adueñarse así del poder”, pero añade que este concepto hay que insertarlo en un marco temporal, porque el concepto unívoco del término “represión” puede inducir a error sobre la legitimidad de su uso. Los acontecimientos de la Guerra Civil y el franquismo desbordan el concepto genérico de represión y conducen al concepto de violencia política, “como uso de la fuerza y la violación de derechos ante la imposibilidad o el desinterés constatado para dar soluciones a los conflictos políticos y sociales dentro de la legalidad”, ampliando el significado del concepto historiográfico de represión, que puede recibir distintas acepciones y uso por los historiadores.

    Es conveniente incidir en las diversas acepciones de represión: 1º Acciones represivas dentro de la legalidad, realizadas por las fuerzas del orden público y los organismos de la administración de justicia, civil o militar, de acuerdo con una determinada legislación. 2º. Acciones represivas legales contra actitudes y actos calificados arbitrariamente como delitos, como las realizadas dentro de la República contra actos calificados de ‘desafección’ y ‘derrotismo’ realizados por los Juzgados de Urgencia y Tribunales Especiales de Guardia. 3º. Acciones represivas al margen y en contra de la legalidad, secuestros, detenciones de personas, requisa de bienes, asesinatos realizados por los dos sectores durante la Guerra Civil, incluidos los asesinatos, encarcelamientos y secuestro de bienes ordenados por los Consejos de Guerra, formados por el ejército rebelde durante la guerra y en el Estado franquista en la posguerra. 4º. Acciones de las autoridades gubernativas y organizaciones políticas encaminadas a crear terror e inseguridad entre la población no adicta o desafecta. 5º. La represión franquista[1].

    A aclarar las funciones de la represión y su actuación sobre las personas, contribuye F. Sánchez Marroyo indicando que la represión hay que entenderla con una triple funcionalidad: Política (eliminar a los discrepantes, uniformizar el pensamiento). Social (restablecer el ordenamiento tradicional o transformarlo) y militar (eliminar cuadros calificados que podrían ser útiles al adversario). La consecuencia final del proceso represivo debía ser el exterminio, físico o moral, del adversario político  o social[2]. En cuanto a la actuación represiva sobre las personas se manifiesta bajo un doble aspecto: la improvisada y la institucionalizada. A la improvisada corresponden, en los días que siguieron a la sublevación militar, los ajustes de cuentas y el exterminio ejemplarizante de los no adictos. Se ha hablado, por parte de algunos autores, de represión incontrolada, en el bando republicano, motivada por la quiebra de la legalidad, si bien en el bando nacional se duda que se hiciera nada fuera del control de las autoridades militares. La represión llevada a cabo en la zona republicana, para Martín Rubio, se entendería como manifestación de la ruptura de la legalidad ocurrida en la zona republicana, donde muchos de los considerados enemigos de la nueva situación sufrieron una violencia que puede entenderse como manifestación de un triple sentimiento: “un rechazo que niega toda posibilidad de convivencia, la voluntad de implantar un orden revolucionario en el que muchos no tenían cabida y la desconfianza ante una retaguardia considerada hostil e insegura”[3].

    Estas actuaciones incontroladas rebrotaron en diferentes momentos del conflicto, unas veces cuando las fuerzas republicanas se retiraban de un territorio y otras cuando las tropas franquistas tomaban alguna población del territorio republicano. En uno y otro caso, grupos de presos fueron eliminados sumariamente sin atenerse a ningún tipo de procedimiento procesal. Esta forma de proceder fue muy utilizada en los meses de abril y mayo de 1939 en el noreste de la provincia de Badajoz, y posiblemente en la de Huelva. Los traslados de presos posibilitaron grandes matanzas por parte de los milicianos, como el de las 2.300 víctimas católicas de Paracuellos del Jarama, o el millar de presos de Jaén, que también fueron asesinados en masa aprovechando su traslado a Madrid[4].

    Otras aportaciones ponen en duda la espontaneidad de la represión de las fuerzas revolucionarias, o que fuese meramente una lucha de clases, porque los detenidos fueron de todas las clases sociales, desde el jornalero hasta el acomodado. Una aproximación detallada de lo sucedido en Extremadura revela que las víctimas asesinadas proceden de dos grandes sectores sociales: personas acomodadas y notables locales en general, pero en otros lugares “el fenómeno se convirtió en la persecución masiva que afectaba a empleados, obreros de distintos oficios, jornaleros y otros de más difícil clasificación aunque siempre de categoría modesta”[5]. Entre las víctimas de la represión republicana en Azuaga, aparecen propietarios agrícolas de la media y alta burguesía rural y sus familiares y amigos, obreros y empleados; la clase media y el clero. Labradores o campesinos que trabajaban terrenos de su propiedad, jornaleros o asalariados agrícolas, obreros urbanos vinculados a un modesto artesanado, empleados y funcionarios forman un grupo procedente de clases menos favorecidas que se vio marginado en la zona republicana[6]. También en la zona ocupada por las tropas nacionales hubo una fase de represión improvisada, en la que oportunistas sin escrúpulos, en una situación de excepcionalidad e impunidad, ajustaron cuentas, eliminando por resentimientos personales, enemistades ancestrales o deudas pendientes a individuos en situación comprometida, contando con la complicidad de las nuevas autoridades. En la tarea represiva intervinieron miembros de las fuerzas armadas, conversos al falangismo, personajes de baja extracción al servicio de los nuevos poderes. Posterior a esta fase de provisionalidad, el monopolio de la violencia quedó en manos de la jurisdicción de guerra[7]. En los primeros momentos de la sublevación, cada jefe militar tenía una cierta autonomía, más preocupado por sobrevivir que en atenerse a requisitos legales. Esta fase denominada de “justicia de los Generales”[8] en la que en un contexto de caos jurídico se produjeron múltiples irregularidades formales. En este contexto se ubica el telegrama del general Mola a las autoridades de la provincia de Cáceres, en agosto de 1936, prohibiendo las detenciones sin orden escrita y cometer actos de violencia[9].

    En cuanto a la represión institucionalizada, fue protagonizada por tribunales militares en el bando franquista y por tribunales populares en el bando del Frente Popular. Se quiso dar un barniz de legalidad a actuaciones represivas. En julio de 1936 comenzó en ambos bandos una nueva fase penal en la que el Estado de derecho pasó a un segundo plano. En las grandes ciudades, las organizaciones proletarias establecieron su propio sistema represivo a través de las cárceles y las chekas, con tribunales propios que se movieron en una amplia discrecionalidad. Esta penosa realidad está pendiente de un enfoque académico[10].

    En Andalucía, en la zona que permaneció en la legalidad republicana, en aquellos pueblos en los que fracaso inicialmente el intento golpista de los militares rebeldes, apunta F. Cobos que los jornaleros reaccionaron violentamente ante las pretensiones de la patronal agraria de poner fin a un sistema de relaciones laborales que tanto les había beneficiado. El largo conflicto rural entre propietarios, jornaleros, pequeños propietarios y arrendatarios, explica la crudeza de los actos de violencia campesina o jornalera desplegados en poblaciones de la retaguardia republicana andaluza. En la misma medida, ese conflicto social contribuye a explicar la feroz represión de las autoridades militares franquistas en los territorios que iban ocupando, que respondía al deseo de la ‘coalición reaccionaria’ de aplastar todo el entramado de organizaciones e instrumentos de representación nacidos en defensa de los intereses de las clases populares[11].

    Algunas cifras sobre la represión.

    La Guerra Civil española fue una contienda poco cruenta en cuanto a acciones militares, pero “fueron muy numerosos los asesinatos y ejecuciones en ambas retaguardias y en la posguerra se prolongó una mentalidad penal y de retribución que habría de afectar a los vencidos”[12]. La contienda, como señala Santos Juliá, tuvo un contenido diverso según el territorio en cuestión, el tiempo que se considere y las instituciones y las organizaciones sindicales y políticas implicadas en el ataque o la defensa de la República. En Andalucía y Extremadura fue patente la inmediata alianza entre los mandos del ejército expedicionario y los propietarios agrícolas para la represión de la clase obrera y del campesinado[13].

    La represión fue una realidad presente en todo el territorio español, de forma episódica en unos sitios, aunque en otros se llevaron a cabo matanzas colectivas (Badajoz, Paracuellos, presos de Jaén)”. Puede situarse la cifra en un tope de 200.000 personas, varía según autores. De 50.000 a 60.000 víctimas consideradas de derechas y de 120.000 a 140.000 de izquierdas[14]. Las cifras aportadas oscilan entre 38.563 y 48.908 a los asesinados en la etapa republicana y entre  111.063 y 113.536 en el franquismo[15].

    Desde el momento de la sublevación militar, algunas provincias destacan por el nivel que alcanzó la represión, como sucede en Andalucía, Extremadura y Asturias, en respuesta a la resistencia popular que hicieron al llamado Alzamiento Nacional. En otras provincias, como en Madrid y Barcelona, la actuación de las milicias hizo que fracasara la sublevación. De momento, las cifras recogidas sobre la represión ofrecen un panorama en el que las provincias más afectadas por la represión franquista fueron Badajoz (12.000), Córdoba (9.579), Sevilla (8.000), Málaga (7.000), Zaragoza (6.546), Asturias (5.952), Huelva (5.455), Granada (5.048), Madrid (4.438), Toledo (3755), Valencia (3.128), Navarra (2.789), Ciudad Real (2.639). Muchas más provincias fueron castigadas durante la represión franquista, aunque las cifras descienden, pero ninguna provincia quedó libre de víctimas. En cuanto a la represión llevada a cabo en la zona republicana, destaca Madrid (8.815), y las provincias de Barcelona, Lérida y Gerona que suman entre ellas 8.352, Valencia (2.844), Toledo (2.751), Málaga (2.607), Ciudad Real (2.186), Córdoba (2.060)[16]. Hubo provincias en las que no se registró ningún tipo de represalia. La provincia de Badajoz descuella como la que sufrió una brutal actuación represiva en el franquismo[17]. Junto a ella, en el ámbito andaluz, vemos como todas las provincias andaluzas sufrieron represión por uno y otro bando. La hipótesis explicativa de Sánchez Marroyo para Badajoz podría aplicarse a las provincias andaluzas. La fuerte conflictividad rural que condujo a una no menor lucha de clases y al control municipal por parte de los frentepopulistas que, en muchos casos derivó en actos de violencia por parte de los comités locales dispuestos a terminar con los adversarios de clases, propietarios, grandes o pequeños, personas de derechas, curas y religiosos. Cuando llegaron las tropas franquistas se desencadenó otra represión.

    El análisis de la mortalidad plantea una doble vertiente, la cuantitativa de las cifras y la cuantitativa de las formas y variedades. La reconstrucción de lo ocurrido en la España nacional obliga a una artesanal pesquisa, a un positivismo no neutral, “porque detrás de esta tarea está el esfuerzo por la reparación histórica, el compromiso de vindicación de las víctimas”[18]. Los asesinatos y desmanes ocurridos entre la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, y la sublevación de las tropas del General Franco, el 18 de julio de 1936, fueron recogidos en la Causa General abierta por el Fiscal General del Estado para investigar lo ocurrido en cada población entre octubre de 1934 y abril de 1939. En la Causa General colaboraron diversas instancias administrativas y llevó varios años[19]. La investigación sobre las víctimas de la represión bajo el franquismo sigue abierta. No hay coincidencia exacta en cuanto a la totalidad de las víctimas asesinadas en cada bando, si bien hay una notable diferencia entre ambos en cuanto a su número. Las cifras crearon fuertes discrepancias historiográficas y desde el primer momento la instrumentalización política del victimario fue una realidad[20].