22.10.2020 12:34
La II República en la Historia.
Uno de los capítulos más apasionadamente debatidos de la Historia de España ha sido el de la II República, con sus defensores y detractores. Sobre la misma se ha investigado mucho y bueno en las últimas décadas, desmintiendo la imagen caricaturesca pretendida en ciertos medios.
La II República advino en 1931, cuando el mundo ya estaba emprendiendo un camino hacia los regímenes dictatoriales y la guerra. Este fruto tardío, para algunos, del optimismo liberal y democrático de la Europa posterior a la primera guerra mundial concluyó en una guerra civil. Su fracaso ha sido comparado con el de la alemana república de Weimar. Aunque sus momentos finales estuvieron marcados por la desgracia, se ha valorado recientemente que no hubiera existido sin una nueva España, formada definitivamente después de la Gran Guerra, en la que las reivindicaciones estudiantiles, reformistas, obreristas y feministas reclamaban soluciones.
En este primer capítulo, trataremos su proclamación y su Bienio Reformista (1931-33), y en el segundo su desplome hacia la Guerra Civil (1933-36).
“Delenda est Monarchia.”
En agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián representantes de varias fuerzas políticas republicanas (como los seguidores de Macià), que formaron un comité revolucionario. En octubre se sumaron los socialistas. Se llegó a editar un manifiesto revolucionario, que costó la prisión a los firmantes.
El artículo de Ortega y Gasset, Delenda est Monarchia, del 15 de noviembre en el diario El Sol alcanzó gran notoriedad.
Desde la cárcel, el comité revolucionario prosiguió con sus planes y fijó para el 7 de diciembre la fecha de la insurrección, que se iría aplazando. Los nervios se desataron y en la madrugada del 12 al 13 se sublevaron en Jaca los capitanes Galán, García Hernández y Sediles, al frente de una columna de 200 soldados que fue vencida. Sediles pudo escapar a Francia, pero Galán y García Hernández fueron fusilados al amanecer.
Berenguer intentó frenar la oposición con medidas para contentar al mundo universitario, sin éxito, y fue cesado. Alfonso XIII pidió a Sánchez Guerra que pidiera a los presos republicanos la formación de un gobierno con su beneplácito. Se le contestó con la exigencia de la república.
Unas elecciones municipales trascendentales.
El almirante Aznar formó gobierno para convocar primero elecciones municipales y luego nacionales, una vez controlados los ayuntamientos por elementos favorables a Alfonso XIII.
En el juicio a los republicanos presos se pretendió condenarlos a nueve años de cárcel, pero los jueces solo les impusieron seis meses de reclusión. Un furioso general Cavalcanti pretendió fusilar a reos y jueces.
Un grupo de intelectuales fundó la asociación Al servicio de la República para apoyar las candidaturas republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que pudieron votar los varones mayores de veintitrés años. En la movida campaña electoral, las mujeres fueron activas propagandistas. Las monárquicas iban vestidas de verde por el acrónimo Viva el rey de España. Las encuestas anunciaron entonces una abultada mayoría monárquica.
Los monárquicos solo se impusieron en nueve de las cincuenta capitales de provincia de España: Ávila, Burgos, Cádiz, Gerona, Lugo, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria y Vitoria. El caciquismo imperante en los pueblos no se impuso allí.
La proclamación de la II República.
Al mediodía del 13 de abril, grupos de personas dieron vivas a la República en distintas ciudades. En el consejo de ministros, De la Cierva y Cavalcanti quisieron sacar el ejército a la calle, mientras Romanones se opuso por considerarlo todo perdido. El general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil y amigo de Primo de Rivera, no consintió en utilizar la fuerza armada.
Alfonso XIII intentó in extremis con los republicanos presos, que ya habían constituido un gobierno provisional, formar un gobierno transitorio que en treinta días convocara elecciones constituyentes para decidir la forma de Estado. Romanones le hizo desistir y Gabriel Maura redactó su carta de despedida.
El almirante Aznar dijo enfadado a la prensa “¿Qué quieren ustedes que les diga de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?”
El gobierno provisional republicano fue puesto en libertad a las diez de la noche del 13 de abril y Romamones se reunió con Niceto Alcalá Zamora en casa del doctor Marañón, el comadrón de la República, para tratar la transición al nuevo régimen. El rey debía marchar cuanto antes.
A las seis de la mañana del 14 de abril se proclamó la República en la guipuzcoana Eibar. En Madrid se cantaba ¡No se ha ido, que le hemos barrido! ¡No se ha marchao, que le hemos echao! Se izó la bandera republicana en el edificio de Correos de la capital.
En Barcelona, Lluís Companys tomó posesión del ayuntamiento, pero Francesc Macià proclamó en el palacio de la diputación (el histórico de la Generalitat) la república catalana como Estado integrante de la federación ibérica, madrugador punto de fricción de una República todavía a precisar.
A las seis y media de la tarde el gobierno provisional republicano recibió un baño de masas en las calles madrileñas, mientras Alfonso XIII partía hacia Cartagena para irse al exilio.
Los partidos políticos de la época de la II República.
Las cuestiones agrarias, religiosas y nacionalistas determinaron en gran medida el juego de partidos políticos y su clasificación en bloques de derecha, centro e izquierda.
Los del bloque de derechas tuvieron componentes monárquicos, confesionales e incluso próximos al fascismo. Renovación Española fue monárquica y su principal figura fue José Calvo Sotelo. Comunión Tradicionalista abrazó a los carlistas. En Acción Española se reunieron intelectuales como Ramiro de Maeztu, ahora en el campo ultraconservador. El Partido Agrario de Martínez de Velasco agrupó a los medianos agricultores castellanos y se inclinó por soluciones autoritarias. Acción Popular, formada alrededor de Herrera Oria, defendía posiciones confesionales, confluyendo en la gran Coalición Española de Derechas Autónomas (CEDA), que se formó en marzo de 1933. Era opuesta a los socialistas. Dentro de los grupos de inspiración fascista encontramos las JONS de Ramiro Ledesma y la Falange de José Antonio Primo de Rivera, formada en octubre de 1933. Ambos grupos se unieron en 1934.
Dentro de las formaciones de derecha cabe destacar la Lliga Regionalista (Lliga Catalana desde 1933), bajo la jefatura de Cambó, y el Partido Nacionalista Vasco, con José Antonio Aguirre.
En el centro se situó el Partido Radical de Alejandro Lerroux, ahora alejado del tono y actitudes de su juventud. Recibió en Valencia el apoyo del grupo de Sigfrido Blasco Ibáñez, hijo del gran escritor. Niceto Alcalá Zamora formó junto Miguel Maura el Partido Republicano Progresista, heredero de los liberales más avanzados. Miguel Maura y sus seguidores se escindieron en 1932, formando el Partido Republicano Conservador, lo que benefició electoralmente al Partido Radical en el centro.
En la izquierda no proletaria adquirió relevancia el Partido Republicano Radical Socialista, nacido en 1929, con figuras como Marcelino Domingo, que sería ministro de Instrucción Pública. En 1934 se unió con la Acción Republicana del destacado Manuel Azaña para formar Izquierda Republicana. En marzo de 1931 se formó Esquerra Republicana de Catalunya, fruto de la unión de distintos grupos catalanistas republicanos. En 1929 se fundó la Organización Regional Autonomista Gallega (ORGA), con un Santiago Casares Quiroga muy unido a Azaña y cada vez más interesado en la política general española.
En la izquierda proletaria encontramos al PSOE y su sindicato afín la UGT, el PCE y en el ala anarquista la CNT y la FAI. Los socialistas colaboraron inicialmente con las fuerzas republicanas burguesas y de clases medias, pero los anarquistas mostraron pronto su rechazo a una república capitalista.
La promesa del estatuto de autonomía a Cataluña.
El 17 de abril tres ministros viajaron a Barcelona para que Macià se atuviera a lo acordado en el pacto de San Sebastián, en el que se había prometido la autonomía. Terminó cediendo Macià y el consejo de gobierno de la república catalana se convertiría en el de la Generalitat de Cataluña, recuperando un histórico nombre, ejercido por una diputación provisional a elegir. Los poderes de las cuatro diputaciones provinciales catalanas eran asumidos por aquel gobierno, que impulsaría la redacción de un estatuto de autonomía. El acuerdo fue visto como una traición por el grupo Estat Català, que había sido dirigido por el mismo Macià (ahora oficialmente dentro de ERC), y por el comunista Bloc Obrer i Camperol.
El día 26 Alcalá Zamora tuvo un gran recibimiento en la ciudad condal y tres días después se concedió el uso del catalán en la enseñanza primaria. En las elecciones a aquella diputación provisional se retrajeron los miembros de la Lliga Regionalista, consiguiendo amplia representación ERC.
El enfrentamiento con la Iglesia.
En 1931 había en España 35.412 sacerdotes, 36.572 frailes y 8.411 monjas, según los datos facilitados por gran parte de las diócesis. El presupuesto de Culto y Clero ascendía a cincuenta y dos millones anuales, pero mientras un párroco rural cobraba mil pesetas al año (cuando un funcionario percibía cuatro mil), el cardenal primado de Toledo recibía cuarenta mil. La Iglesia católica poseía en España 11.924 fincas rurales y 7.826 urbanas, que le producían junto a otros derechos unos 650 millones. Su peso en la enseñanza era también fuerte. Los jesuitas despertaban una fuerte animadversión. En 1928 se había fundado el Opus Dei por Escrivá de Balaguer, que tanta relevancia lograría con los años.
El 1 de mayo, día con incidentes en Bilbao y Barcelona, el cardenal y arzobispo de Toledo Pedro Segura homenajeó a Alfonso XIII en el Boletín eclesiástico e hizo una llamada a la movilización católica en las elecciones a Cortes constituyentes. El 8 de mayo recomendó ocultar o trasladar al extranjero el dinero de las cuentas corrientes de los eclesiásticos, en medio de una fuerte fuga de capitales. El ministerio de la Gobernación lo expulsó de España y el Vaticano le privó del arzobispado de Toledo.
La formación del Círculo Monárquico Independiente en Madrid caldeó los ánimos en la calle y hubo incidentes en la capital alrededor de su sede social el 10 de mayo. Se intentó asaltar la del diario ABC, impedida por la Guardia Civil por orden ministerial.
La CNT y el PCE convocaron una huelga general, con la oposición del PSOE y de la UGT. Comenzó la quema de conventos el 11, pero Azaña se negó a emplear la fuerza. Del 11 al 12 se quemaron templos en Málaga, Sevilla, Alicante, Córdoba, Murcia o Valencia, además de prensa afín a la Iglesia
Ya aprobada la Constitución de 1931, se decretó en enero de 1932 la disolución de los jesuitas, se dispuso que solo se enterraría en sagrado a quienes lo solicitaran y no se exigiría declarar creencias religiosas a quienes se casaran. En marzo de 1932 se aprobó la ley del divorcio, con no poco revuelo.
La medidas para resolver el problema militar.
Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, decretó la posibilidad de retirarse de los oficiales a la vida civil con el salario íntegro para reducir el número del escalafón. Algunos llegaron a retirarse para conspirar con más soltura. Se creó una escuela de suboficiales, se favoreció el ascenso de oficiales favorables a la República, se redujo de dieciséis a ocho las divisiones del ejército, se suprimieron los grados de capitán general y teniente general, se cerró la Academia General Militar de Zaragoza y se pasó a los militares a la jurisdicción civil.
Las medidas iban encaminadas a lograr una oficialidad más reducida y fiel a la República, despertando una fuerte animadversión en ciertos sectores militares.
Las Cortes Constituyentes y la Constitución de 1931.
En las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 votaron 4.348.691 varones mayores de veintitrés años, un poco más del 70% del censo electoral. Las fuerzas de izquierda lograron 263 escaños, las de centro 110 y las de derecha 44.
El gobierno provisional resignó su autoridad en las Cortes, que nombró una comisión para redactar la nueva Constitución, presidida por Jiménez de Asúa.
Los debates sobre el artículo 26, el de la separación de la Iglesia del Estado, resultaron intensos, al pretenderse la desaparición de la dotación de Culto y Clero, la sumisión de las órdenes religiosas a un estatuto que les impidiera ejercer la enseñanza y la disolución de los jesuitas por su voto de obediencia al Papa. El católico Alcalá Zamora estuvo a punto de dimitir como presidente del gobierno. Al final, se aprobó, con bastantes abstenciones, y algunos diputados vasco-navarros declararon que la Constitución que iba a aprobarse no era la suya.
El 9 de diciembre de 1931 se aprobó la nueva Constitución republicana. Definía a España como “República de trabajadores, liberal en el principio, democrática en el fundamento y social en la orientación”. Estableció un Tribunal de Garantías Constitucionales. Se reconoció el voto de las mujeres en igualdad al de los hombres. El Parlamento (las Cortes) se componía de una sola cámara, votada por sufragio universal, con capacidad para nombrar al presidente de la República y emitir su voto de censura a la acción del gobierno. El presidente de la República, el jefe del Estado, tenía la potestad de nombrar jefe de gobierno y de disolver las Cortes, además de devolver los proyectos de ley no declarados urgentes por las Cortes (un verdadero veto suspensivo). El Estado no tenía religión oficial, según lo ya comentado. No se estableció una república federal, sino un Estado integral, compuesto o integrado por municipios y regiones. Éstas podían solicitar acceder a la autonomía, merecida por “su grado de cultura y de progreso”.
Alcalá Zamora fue proclamado presidente de la República. El 16 de diciembre se formó un gobierno presidido por Azaña, que asumió también el ministerio de la Guerra, en el que tomaron parte miembros de Acción Republicana, del Partido Republicano Radical Socialista, PSOE, ORGA y ERC, Duró hasta el 12 de junio de 1933, duramente desgastado por los sucesos de Casas Viejas.
El impacto de la Gran Depresión en la economía española.
Los vínculos financieros de España con Estados Unidos no eran tan intensos como los que mantenía Austria o Alemania, muy condicionada por los créditos para el pago de las reparaciones de la Gran Guerra a Francia y Gran Bretaña. No obstante, la Gran Depresión también afectó con severidad a España, con una peseta cuyo valor iba cayendo en la cotización internacional. Las exportaciones mermaron, especialmente cuando el Reino Unido impuso la preferencia por los productos de la Commonwealth, con consecuencias perjudiciales para los cítricos valencianos.
España tenía en 1930 23.600.000 habitantes, de los que nueve millones formaban su población activa, de la que el 22% correspondía al sector primario. Aquí el paro (la crisis del trabajo) fue mucho mayor que en otros sectores, lo que disparó la conflictividad social en el campo. El ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, no dio luz verde a la ley de seguros de paro, que aseguraba unas prestaciones por desempleo, al considerarla favorable a la picaresca del carácter español (¡). Se intentó frenar el paro con obras públicas municipales y prescribiendo la contratación de temporeros del término, con unos resultados muy poco alentadores.
Prieto intentó asegurar en mejores condiciones el suministro de petróleo a la CAMPSA, en aquellas circunstancias, contratando con la soviética Nafta, pero Shell y Standard Oil presionaron en contra con éxito.
La agitación social.
En este ambiente de crisis y de intensas aspiraciones a la justicia floreció la agitación social, muy perjudicial para la estabilidad de la República. El 18 de julio de 1931 el asesinato de un huelguista en Sevilla desencadenó graves enfrentamientos entre obreros y guardias civiles, que se extendieron por la vega del Guadalquivir, donde los trabajadores anarquistas se lanzaron a tomar los cuarteles de la Guardia Civil. La aviación militar sobrevoló Sevilla y se bombardeó la taberna donde se reunía el comité de huelga.
Las Cortes aprobaron con celeridad la Ley de Defensa de la República, que brindaba grandes posibilidades para suspender las garantías legales.
Hubo huelgas generales en Zaragoza, Granada, Santander, Santander y en la metalurgia de Barcelona. Los campesinos de Toledo ocuparon grandes fincas y la Guardia Civil, mandada personalmente por el general Sanjurjo, ocasionó la muerte de cinco de aquéllos.
Se creó la Guardia de Asalto, mandada por el africanista teniente coronel Muñoz Grande para evitar estos choques de orden público. Sin embargo, fueron particularmente sangrientos los sucesos de Castilblanco (Badajoz) y de la riojana Arnedo. A comienzos de 1932, los anarquistas del Alto Llobregat se lanzaron a la insurrección, al ser desbordada la CNT por la FAI. Se proclamó el comunismo libertario y se envió al ejército para ahogarla. Varios anarquistas fueron deportados a la Guinea española, como Durruti, que logró escapar a América, viviendo como atracador de bancos durante tres años.
La Sanjurjada.
Al abrirse un expediente por los sucesos de Castilblanco y Arnedo, Sanjurjo presentó la dimisión de la dirección general de la Guardia Civil, aduciendo además que la investigación la llevaba una mujer, la socialista Margarita Nelken, que llegó a ser directora general de prisiones.
Contactó entonces con varios generales monárquicos en la preparación de un golpe de Estado, que sería proclamado en Sevilla. En la madrugada del 10 de agosto de 1932 se inició. El gobierno, advertido, conocía sus movimientos, deshechos en Madrid con celeridad. En Sevilla se convocó una huelga general contra los insurrectos y Sanjurjo huyó a Portugal, siendo detenido en la frontera de Ayamonte. Fue condenado a muerte y más tarde amnistiado por Lerroux.
El estatuto de Cataluña.
El 20 de junio de 1931 la comisión de la diputación provisional de la Generalitat presentó el anteproyecto de estatuto autonómico (el de Nuria, por el nombre del santuario en el que se reunieron). Fue votado favorablemente en referéndum por el 90% del electorado catalán, todavía masculino, y el 18 de agosto fue entregado a las Cortes Constituyentes.
Respondía a un modelo federal, en el que el catalán era la única lengua oficial, abría la puerta a una integración con otros territorios de lengua catalana y cumplir el servicio militar de forma distinta. Entre enero y abril de 1932 las Cortes lo acomodaron al modelo de Estado Integral de la Constitución de 1931, lo que no evitó una fuerte oposición en su contra, en la que tomaron parte Ortega y Gasset y Unamuno.
Tras el fracaso de la Sanjurjada se aceleraron los trámites. Defendido en Cortes con vehemente oratoria por Azaña, fue aprobado en sede parlamentaria por 314 votos a favor el 9 de septiembre de 1932. Cataluña se constituía como región autónoma, con su gobierno y parlamento propios. El catalán sería cooficial con el castellano, correspondiendo la competencia educativa al gobierno central, aunque el autonómico pudiera crear sus propias escuelas. Los impuestos directos eran administrados y regulados por aquél, lo que no dejó de limitar el alcance de las políticas de la Generalitat.
El estatuto no terminó de gustar a los catalanistas, pero lo recibieron bien. Macià fue confirmado como presidente de la Generalitat tras las elecciones al parlamento autonómico. En diciembre de 1933 falleció, lo que fue lamentado por gran parte de la izquierda española.
La ley de la reforma agraria.
Entre el 28 de abril y el 14 de julio, el gobierno provisional decretó la jornada agrícola de ocho horas o la prohibición de expulsar a los pequeños arrendatarios, pero la reforma agraria no fue considerada del todo urgente, a pesar de las controversias que alzaba el latifundismo. Se ha reprochado a los políticos republicanos su extracción fundamentalmente urbana.
En un primer proyecto de reforma, en el que tomó parte Pascual Carrión, se prefería ocupar tierras por tiempo indeterminado, en lugar de expropiar, financiándose las operaciones con un impuesto progresivo sobre las grandes fincas. Se aplicaría exclusivamente en el Sur, pero la oposición de los grandes terratenientes y el desacuerdo de Alcalá Zamora lo frustraron.
Alcalá Zamora propuso otro proyecto, que solo afectaría a las fincas de la nobleza, los caciques o los absentistas, que serían indemnizados por un comprometido tesoro público. Se hicieron más proyectos, pero el fracaso de la Sanjurjada animó la aprobación el 9 de septiembre de 1932 de la ley de reforma agraria, con la expropiación de los participantes en la intentona golpista.
Afectaba a las grandes propiedades (de 100 a 750 hectáreas), las de ciertos propietarios nobiliarios y las completamente arrendadas por propietarios asentistas. Salvo los grandes de la nobleza, todos serían indemnizados. Cada año se proyectaban asentar en tales fincas de sesenta a setenta mil campesinos, a los que se concedía su usufructo. Mientras los republicanos burgueses prefirieron crear nuevos pequeños campesinos, los socialistas se decantaron por establecer explotaciones colectivas. Ambas posibilidades fueron reconocidas por la ley.
La aplicación de tal ley presentó distintos inconvenientes. Los terratenientes prosiguieron controlando bosques y ganados, se perjudicó a pequeños propietarios y los gastos de 300 millones de pesetas del IRA superaron con mucho su asignación de cincuenta.
Casas Viejas y sus consecuencias.
A comienzos de 1933 la CNT, muy determinada por la FAI, convocó una nueva huelga general, en la que se proclamó el comunismo libertario en pueblos de Granada, Murcia, Valencia, Lérida y Zaragoza. Del 8 al 12 de enero el levantamiento se enquistó en uno de los latifundios de los duques de Medina-Sidonia, Casas Viejas, donde el brutal asalto a la casa del anciano jornalero Francisco Cruz, Seis Dedos, ocasionó una gran conmoción, que llegó al parlamento.
Azaña fue duramente cuestionado y Alcalá Zamora tuvo que encargarle la formación de un nuevo gobierno, atacado por Lerroux. El 8 de septiembre de 1933 Azaña presentó su dimisión. Los socialistas se dividieron entre los moderados de Besteiro y los revolucionarios de Largo Caballero. Las juventudes socialistas protestaron conjuntamente con las comunistas en la madrileña Puerta del Sol.
Lerrox fue encargado entonces de intentar formar gobierno, pero no logró los debidos apoyos parlamentarios. El gobierno presidido por Martínez Barrio tuvo la función de convocar nuevas elecciones generales. Concluía así el llamado Bienio Reformista, en el que se había manifestado una intensa preocupación por la educación, de la mano de personas de la Institución Libre de Enseñanza.
Las elecciones de 1933.
Con una nueva ley electoral, se convocaron las elecciones del 19 de noviembre de 1933, las primeras en las que las mujeres, que solo podían ser elegidas, también pudieron votar. La diputada del Partido Radical Claro Campoamor defendió el sufragio femenino frente a Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista. Algunos pensaron que el voto de las mujeres favorecía los intereses eclesiásticos, como Indalecio Prieto, pero gran parte de los socialistas lo aprobaron, además de la mayoría de las derechas.
Concurrió a las elecciones la CEDA y los resultados fueron 99 escaños para la izquierda, 156 para el centro y 217 para la derecha. Aunque los anarquistas se abstuvieron de participar, contestaron tales resultados con otra huelga general, en la que tuvo lugar el trágico descarrilamiento del expreso Barcelona-Sevilla por el corte de las vías en Valencia. El gobierno en funciones decretó la disolución de la CNT. La II República entraba en una nueva etapa.
Para saber más.
Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, Barcelona, 2005.
Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución política en la España del siglo XX, Barcelona, 1982.
Josep Pla, La Segunda República española. Crónicas parlamentarias, 1931-1936, Barcelona, 2006.
Manuel Tuñón de Lara, La II República, Madrid, 1976.
