01.12.2018 13:10
A finales del siglo XVIII, Europa se encontraba agitada por los efectos de la Revolución francesa. Las tropas de los revolucionarios habían plantado cara a sus enemigos y habían pasado a la ofensiva. Los Habsburgo, junto a otras dinastías históricas, se batieron con ellos a lo largo de sus dominios, como los de la Italia del Norte. El Pontificado también tuvo que encararse con la Francia revolucionaria y la de Napoleón como cabeza de la Iglesia Católica y como potencia italiana. Aunque sus enemigos eran comunes, no coincidieron sus objetivos con los de Austria u otras monarquías católicas.
En los últimos meses de 1799 el Sumo Pontífice había abandonado Roma, y a comienzos de 1800 Pío VII fue elegido Papa en Venecia. En julio podría entrar en Roma sin mostrarse acomodaticio con los austriacos. Intentó poner en práctica al comienzo de su pontificado una política reformista. En 1801 se avino a firmar un concordato con Napoleón, en el que reconocía la venta de los bienes eclesiásticos a cambio de una asignación del Estado a los sacerdotes, que deberían someterse al poder civil. En 1804 estuvo presente en la coronación imperial de Napoleón, pero en la ceremonia quedó muy claro que Pío VII no tenía la máxima autoridad.
España también padeció un vaivén similar. De la oposición militar a la nueva Francia, ejecutora de Luis XVI, pasó a la colaboración más o menos forzada, en parte por imperativos estratégicos derivados de la amenaza británica a la América española. Con un sistema fiscal a reformar y un comercio atlántico asediado, la Monarquía española echó mano de los recursos de los pósitos municipales para nutrir los fondos del Banco de San Carlos y emitió vales reales, que funcionaron como un auténtico papel moneda y contribuyeron al alza de la inflación.
En situaciones de grave apuro, los reyes españoles recurrieron a la ayuda de la Iglesia. Se le pidió dinero por distintas vías en ocasiones como la guerra de Granada, aunque a veces se le concedió el producto de la venta de algunos bienes eclesiásticos, sometidos al régimen de la amortización. Así se lo concedió el Papa Gregorio XIII a Felipe II, un precedente que sería invocado convenientemente a comienzos del XIX. En la España de los Austrias, por ende, se terminó reconociendo el derecho de desamortización para los bienes de algunas parroquias en circunstancias excepcionales, y se estableció a la larga un negociado al respecto dependiente del Consejo de Hacienda.
En 1798 la Hacienda española se encontraba contra las cuerdas, y el secretario Urquijo dispuso de los bienes de los seis Colegios Mayores, de los bienes que quedaban por vender de los jesuitas, y de los hospitales, cofradías y obras pías. En teoría, los fondos deberían haberse destinado a amortizar la deuda, pero la prosecución de la guerra determinó a Godoy a aplicarlos a otras urgencias.
Pío VII era consciente de su exposición a la fuerza del poder napoleónico. Intentó cuidar sus relaciones con España, el imperio católico junto al portugués que podía seguir una política contraria a los intereses mundanos de la Iglesia. Su actuación contra la Compañía de Jesús así lo había acreditado. En 1803 Pío VII extinguió los comisarios generales de la orden de San Juan de Dios, encargados de la administración de los hospitales, en la América española, y estableció en su lugar provinciales elegidos cada seis años y sometidos a los obispos.
En guerra contra los británicos y coaligada entonces con Napoleón, los españoles se encontraron entre 1803 y 1805 en una situación muy apurada. A las malas cosechas, la propagación de enfermedades como la fiebre amarilla y la amenaza al comercio marítimo, se sumaría finalmente la gran derrota de Trafalgar (21 de octubre de 1805). Necesitada de recursos, la monarquía de España invocó la ayuda del Papa oficialmente.
El 14 de junio de 1805 se promulgó un breve papal por que se autorizaba la enajenación de rentas eclesiásticos por valor de 200.000 ducados de oro anuales, según las liquidaciones de rentas de 1798-1802. Tal disposición no fue suficiente, y un nuevo breve del 12 de diciembre de 1806 estipuló el permiso de venta en beneficio del Estado de los predios de las capellanías, compensando a sus patronos con el 3% de renta anual. Se incluyeron a órdenes como la de San Juan, pero no al patrimonio y congrua de las iglesias parroquiales.
Se establecieron en provincias cajas de consolidación dependientes del Consejo. Se tasaron los bienes a un precio para ser subastados, y no pocos fueron vendidos o rematados a individuos con dinero contante y sonante o con vales reales. Varios propietarios aprovecharon para hacer negocio, avanzando comportamientos posteriores.
Sin embargo, la crisis era muy profunda y el poder del imperio napoleónico se hizo sentir tras su acuerdo con la Rusia zarista. Empeñado en la imposición del bloqueo continental para ahogar a Gran Bretaña, Napoleón ordenó la ocupación Roma, tomada el 2 de febrero de 1808. También decidió sustituir a los Borbones españoles por alguien de su familia. A partir del Dos de Mayo muchos patriotas españoles dijeron combatir por el catolicismo contra la impiedad francesa, pero los problemas de la desamortización y de las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica permanecieron muy candentes durante décadas.
Fuentes.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Consejo de Castilla, 2072, Expediente 3.
Víctor Manuel Galán Tendero.
