19.10.2022 16:39
Los revolucionarios franceses quisieron reformar el sistema impositivo, que tantos quebraderos de cabeza había dado en los últimos tiempos del Antiguo Régimen, con los principios de justicia, racionalidad y uniformidad, tan del gusto de los ilustrados.
Como los impuestos indirectos gravaban duramente a la población más humilde, se decidió abolirlos en un tiempo de dificultades de suministro, con fuertes subidas de los precios del pan. Solamente se mantuvieron la imposición del registro, el derecho de acuñación y las aduanas exteriores.
A partir de aquí, el impuesto directo, el de las contribuciones, resultó prioritario, y entre noviembre de 1790 y marzo de 1791 se le fue dando forma legal. La imposición afectó a los bienes raíces (esenciales en la Francia coetánea), las ganancias laborales, el comercio, la industria e incluso el lujo. Sin embargo, las contribuciones chocaron con la falta de buenas estimaciones de la base tributaria, de información catastral adecuada, mucho más detallada en las tierras del Sur que en las del Norte francés.
También se intentó mejorar el sistema de exacción fiscal reduciendo el número de recaudadores, y tal responsabilidad recayó en los municipios, faltos de medios y con intereses encontrados.
Al final, las nuevas autoridades vieron defraudadas sus expectativas de mayores ingresos, acogiéndose a expedientes como la contribución patriótica de la cuarta parte de la renta o los adelantos de dinero de la socorrida Caja de descuentos. En vista de ello, se tuvieron que ingeniar nuevos medios.
Para saber más.
Michel Vovelle, La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, 1979.
