21.04.2017 10:47
En el siglo XVII los reyes de la Casa de Austria, embarcados en guerras tan interminables como costosas, dispusieron de una gran cantidad de tributos en sus dominios castellanos, que se habían ido acumulando desde la Baja Edad Media. Cuando las veteranas alcabalas ya no dieron todo lo que se esperaba, se impuso el servicio de los millones a los sufridos contribuyentes, que tampoco ayudó a mejorar la hacienda real. Para atender al pago de las variadas imposiciones se cargaron sisas o tributos sobre el consumo a los esquilmados vecindarios de ciudades y villas. Su recaudación corrió en numerosas ocasiones a cargo de personas o compañías que avanzaban el dinero a cambio de cobrar más en la recaudación. Los caudales americanos sirvieron para concertar onerosos préstamos con casas extranjeras, cuyos intereses debieron ser abonados por aquellos maltratados pecheros.
Así pues, las rentas provinciales castellanas dieron enormes quebraderos de cabeza, de los que ponemos algunos ejemplos. El 28 de diciembre de 1654 se prometió al rey Felipe IV la contribución anual de cuatro millones de ducados, a los que hemos de añadir los 750.000 por la contribución de la sal otorgada por el Papa y los dos millones pagaderos en quince meses, para poner en pie una fuerza de 8.000 soldados. Sin embargo, la experiencia apuntaba nada más y nada menos que a un fraude de tres millones al año. Se determinó la adopción de una actitud más enérgica: nadie podía tener taberna, carnicería o tienda de abasto de venta al por menor sin la licencia de la justicia ordinaria para evitar los engaños en las sisas con la que se atendían tales tributos.
El 10 de enero de 1655 se insistió y se amenazó con la excomunión a los infractores que acabaran ante el juez de la renta de millones. No obstante, el 29 de enero de 1694 se volvió sobre el particular y el 3 de diciembre de 1728, ya bajo la dinastía borbónica, se instó a cumplir lo dispuesto.
En suma, las llamadas rentas provinciales castellanas no aportaron grandes alegrías a la Monarquía y mucha desgracia a demasiados de sus súbditos. De ahí que fuera madurando el proyecto de la Única Contribución, un solo impuesto que gravaría la riqueza personal y que sería recaudado con más sencillez y menor dispendio. Durante la regencia de Mariana de Austria, el impopular jesuita Nithard (valido de la reina) intentó promoverla sin éxito. A los grupos privilegiados no les gustó nada compartir la enorme carga fiscal, que desviaban a través de repartimientos e impuestos indirectos hacia los pecheros. Valiéndose de las circunstancias de la guerra de Sucesión, los ministros de Felipe V la implantaron en los reinos de la Corona de Aragón, pero no en Castilla, que prosiguió con su viejo sistema.
A mediados del siglo XVIII el marqués de la Ensenada quiso impulsar la Única Contribución y con vistas a su implante impulsó desde 1749 la confección de un notable catastro, en el que se consignaron los vecinos y sus bienes de todo tipo de la Corona de Castilla, con la excepción de las provincias vascas. Es una fuente de información extraordinaria para las personas interesadas por aquella época. Se estimaba que las rentas provinciales correspondientes al rey (no enajenadas a la nobleza o al clero en calidad de señores) suponían en Sevilla 16.972.464 reales, en Granada 10.317.336, en Madrid 8.142.649, en Galicia 6.028.508, en Toledo 5.865.630, en Extremadura 4.819.585, en Burgos 4.473.018, en Córdoba 3.708.903, en Valladolid 3.338.470, en León 3.117.961, en Murcia 3.006.287, en Segovia 2.759.155, en Cuenca 2.572.140, en La Mancha 2.108.609, en Salamanca 1.970.510, en Jaén 1.823.504, en Palencia 1.668.602, en Ávila 1.653.215, en Guadalajara 1.607.758, en Toro 1.313.052, en Soria 838.363 y en Zamora 734.135.
Tales empeños no se tradujeron en la aplicación de la Única durante el reinado de Fernando VI, que el 6 de septiembre de 1757 todavía tuvo que invocar del Papa Benedicto XIV un breve para que los eclesiásticos contribuyeran según el espíritu de los excusados desde los días de Felipe II.
Bajo Carlos III se intentó llevar a buen puerto la idea, tras el sobresalto de los motines de Esquilache y la expulsión de los jesuitas. El 4 de julio de 1770 se estableció oficialmente la Única Contribución en sustitución de las rentas provinciales. En consonancia, se instauró igualmente la Sala de la Única Contribución, dentro del Consejo de Hacienda, con integrantes de distintos estamentos. El reparto se hizo teniendo presentes las distintas actividades económicas y se diseñó un plan demostrativo de aplicación para Madrid.
En 1771 se exigieron documentos para establecimiento, y en marzo-abril de 1772 se practicó el reparto en las tierras del mayorazgo de los marqueses de Montemayor (Toledo).
Sin embargo, el 12 de marzo de 1779 se sostuvo que la desigualdad de población y riqueza de provincia a provincia imponía cargas superiores a los terratenientes de una a otra. También se adujo la discrepancia de precios, la variedad de los tiempos en los ramos (o la delicada actualización) y las dificultades de reparto en lo tocante a diezmos, rentas y utilidades a fin de paralizarla. Los grupos privilegiados volvieron a imponerse. A finales del siglo XVIII la España borbónica entraría en el ciclo de las guerras revolucionarias y napoleónicas con las rentas provinciales castellanas a cuestas, con funestas consecuencias para la Hacienda. A los liberales tocaría la delicada tarea de la reforma fiscal, tan largamente aplazada.
