27.07.2019 16:16
Los pueblos europeos ampliaron sus horizontes vitales notablemente en el siglo XVI y sus naves llegaron a distintos puntos del mundo. Buscaron la gloria y la riqueza, como la dispensada por la pesca del bacalao y de la ballena, cuando las prescripciones cuaresmales marcaban el calendario de todos los cristianos con severidad. Los bancos pesqueros de Terranova interesaron vivamente a los navegantes de la provincia de Guipúzcoa, el señorío de Vizcaya y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar de Castilla, que alcanzaron gran notoriedad, rivalizando con otros europeos.
La pesca aportaba grandes riquezas y un activo vivero de avezados marineros. Consciente de tal importancia, la monarquía intentó favorecer a armadores, marinos y pescadores. Las marinas reales europeas formaban en aquel siglo sus escuadras con barcos de particulares a título de vasallos o agraciados. Aunque Felipe II vedó el 21 de abril de 1557 que viajaran a Terranova naves armadas sin su licencia, tuvo que reconocer a los guipuzcoanos el 15 de julio de aquel año a que tenían que protegerse contra sus competidores. La navegación hispana y sus intereses ultramarinos iban siendo atacados de manera creciente por sus rivales.
Los corsarios de Inglaterra y de La Rochela armaron naves para atacar los buques de los pescadores hispanos en Terranova. El gobierno de Felipe II reaccionó de forma muy similar a la Carrera de Indias, armando y agrupando las naves en convoy. El 23 de marzo de 1587 ordenó que las naves dispusieran de la gente, la artillería, las municiones y los pertrechos oportunos. Viajarían juntas y no separadas, por mucho que disgustara a los intereses particulares de algunos.
Las empresas de la Monarquía, como la armada del estrecho de Magallanes o la preparación de la de Inglaterra, exigieron de muchos medios y en abril de 1587 los armadores se resintieron de ello. Se privaba de marinos a las naves de Terranova y los salarios no eran lo suficientemente gratificantes para generales almirantes, oficiales y otras gentes de la mar. La inflación hacía mella por entonces.
Felipe II reaccionó con pragmatismo y autorizó a los diputados de Guipúzcoa a reunirse para tratar el tema. Se conformó que en cada nave de cien tripulantes treinta fueran prácticos y el resto bisoños. También autorizó la subida de emolumentos en la medida de lo posible y que las plazas de las naves de Terranova fueran para los naturales de la provincia, pero se mantuvo inflexible en el mantenimiento de los convoyes.
Con no pocas dificultades, los armadores de Terranova lograron el 11 de octubre de 1639 importantes concesiones de una Monarquía en apuros. Los guipuzcoanos intercedieron por los cántabros para lograr más fuerza. Las autoridades reales no les deberían de cobrar los bastimentos necesarios. El Consejo de Guerra y la Junta de Armadas reconocieron que las naves y los marineros asoldados no podían ser tomados impunemente. Se esperaba, a cambio, que los armadores contrataran gente de tierra adentro para fomentar la marinería. Así se esperaba conservar la valiosa flota de Terranova.
Fuentes.
Archivo Histórico Nacional, Secretaría de Estado y del Despacho de Estado, 2848, expediente 12.
Víctor Manuel Galán Tendero.
