26.09.2018 08:26
El siglo XVIII en España fue un tiempo de cambios, aunque algunos de los mismos ya se llevaban proyectando o madurando desde la época de los Austrias menores. Los propagandistas de Felipe V se complacerían en atribuir a sus gabinetes todos los méritos.
La guerra de Sucesión impulsó importantes reformas en el ejército, las finanzas y la administración, que para los reinos de la Corona de Aragón entrañó la abolición de sus leyes particulares. En 1703 Orry planteó el establecimiento de los intendentes, figuras clave de la reforma en línea con lo practicado en la Francia de Luis XIV. En 1711 se nombraron los primeros intendentes, pero en Castilla se suprimieron durante un tiempo en consideración a los corregidores.
El 4 de julio de 1718 se dictó la Ordenanza de los intendentes, de gran importancia para conocer sus funciones teóricas.
Se les facultaba para administrar justicia, ya que se pretendía conservar la paz en los pueblos abreviando los pleitos que con malicia alimentaban la venganza de las parcialidades.
La gestión de la hacienda por medio de la supervisión de los escribanos públicos y supervisando la cobranza de regalías (naufragios, pesquerías, bienes vacantes, portazgos, puentes o pesas) resultaba vital, pues se pretendía reformar o erradicar los abusos en la administración de propios y arbitrios de los comunes, y desempeñar las cargas sobre los municipios.
El orden público se ligó a la nueva organización militar, al igual que en reinos como Prusia. Se debería vigilar y punir a los vagabundos y gente inquieta de mal vivir, que debería ser destinada al ejército.
El control se complementaría con el impulso de la economía. El intendente debía fomentar la industria y la cabaña ganadera, mejorar las comunicaciones y las ventas, preservar la seguridad de los caminos, cuidar de los pósitos y supervisar el alzamiento de tropas reales, intención última de semejantes desvelos. El poder de las Monarquías se cifraba en sus ejércitos.
Así pues, los reclutas debían ser de buena calidad, los sorteos debían practicarse con la máxima urgencia a fin de legitimar las levas, los nobles que sirvieran tres años en la infantería gozarían de preferencia en los oficios de la República, se atendería al pago de bagajes, se punirían los excesos de las tropas, se reglamentarían los alojamientos (como el aposento de los oficiales por el sargento mayor y el comisario de guerra de la plaza) y a tal efecto se dividirían las localidades en barrios o cuarteles de cuarenta a cincuenta casas a cargo de un vecino de edad madura, custodio de los libros de registro vecinales.
En 1749 Fernando VI estableció que cada provincia tuviera su intendente, que hasta 1766 también ejercería como corregidor de su capital. Los intendentes se toparon en muchas ocasiones con resistencias de los poderosos locales, por lo que su acción distó de ser lo efectiva que se pretendía. Con los años, muchas de sus funciones de fomento pasarían a las diputaciones provinciales.
Fuentes.
Ordenanza del 4 de julio de 1718 para el establecimiento e instrucción de intendentes y para tesorero general, pagadores y contadores de los ejércitos y provincias, Madrid, 1720.
Víctor Manuel Galán Tendero.
