23.10.2021 12:37
La seguridad del imperio español resultó tan complicada como delicada. A los problemas de extensión en una época de comunicaciones laboriosas, se añadieron los de tipo legal, estrechamente relacionados con la toma de decisiones en la cadena de mando.
En teoría, los consejos y las juntas, bajo la autoridad del rey, eran los responsables de adoptar las medidas más oportunas, pero las distancias convertían a ciertos gobernadores en auténticos amos del poder de decidir, con no poca contrariedad de la burocracia general.
El gobernador de Filipinas don Sebastián Hurtado de Corcuera y Mendoza tomó en 1636 una decisión polémica. Anunció su carta del 26 de junio de aquel año la creación de una compañía de caballería para la protección de la ciudad de Manila, la perla de los españoles en el Lejano Oriente, codiciada por gentes como los holandeses.
La compañía tendría treinta soldados, con una plana mayor de capitán, teniente, alférez, cabo y trompeta. Se asignaría al capitán el sueldo mensual de cien pesos, de cuarenta al teniente, de veinte al alférez, de quince al cabo y de catorce a cada soldado, incluido el trompeta.
La decisión parecía acertada, pero topó con la junta de hacienda, a la sazón apurada por la falta de recursos, que no dio su beneplácito inicial.
En vista de ello, la junta de guerra de Indias le negó tan razonable petición. El 2 de septiembre de 1638, se ordenó que los oficiales retuvieran del sueldo del gobernador todo el dinero gastado en la compañía.
Con todo, se reconoció el desaire infringido al gobernador, y en 1640 se pidió que se le reparara. Eran las contradicciones de un impuesto tan extenso como complejo.
Fuentes.
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.
Filipinas, 8, R. 3, N. 107.
