LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS TREINTA. Por Mª Carmen Martínez Hernández.

    1. España en el contexto europeo de entreguerras.

    La violencia desatada en España a partir de julio de 1936 ha de ser encuadrada en un contexto histórico preciso. El hispanista Paul Preston enmarca con sus palabras ese contexto, indicando que la Guerra Civil española fue la “última y más encarnizada batalla de una Guerra Civil europea que se había librado desde el triunfo bolchevique de 1917” y que la Europa de entreguerras se caracterizó por los temores de la derecha al bolchevismo y la esperanza de la izquierda de un mundo nuevo, originando una lucha violenta y continua en casi todos los países[1]. Bajo esta perspectiva, la génesis de la Guerra Civil, en opinión de Fernando Sánchez Marroyo, se encuentra en el “enfrentamiento social que tuvo lugar en España en el primer tercio del siglo XX, que se vio intensificado con la llegada al poder del régimen republicano”. A partir de 1936 se asistió a un doble proceso: de un lado “la brutal operación de erradicación de formas de actuación pública consecuencia del proceso de movilización social que se habían iniciado en el siglo XX, y por otro el intento de subvertir el ordenamiento tradicional, trastocando ancestrales prácticas y comportamientos sociales”[2].

    En la Europa de entreguerras, señalaba E. Moradielos, surgieron tres proyectos políticos alternativos: el reformista, de corte liberal tradicional, en el que la democratización del sistema político y social compatibilizaba la economía capitalista con la participación obrera en la gestión del estado. El proyecto reaccionario anulaba la autonomía de la clase obrera y se supeditaba a un programa de integración nacionalista, totalitario o autoritario. El modelo revolucionario de matriz obrera implicaba la destrucción del capitalismo y su sustitución por un régimen comunista[3]. Durante el quinquenio republicano, señala Diego Caro, se aplicaron sucesivamente en España diferentes proyectos políticos alternativos, tanto reformistas como reaccionarios, para hacer frente a la crisis social y política. Ahora bien, cada uno lo supeditó a los intereses de la clase o grupo que lo lideraba. Durante el primer bienio republicano se puso en marcha un proyecto de tipo reformista, con la coalición de grupos políticos de la pequeña burguesía y parte de la clase obrera, organizado por la UGT y el PSOE. El fracaso de estos partidos, dio paso en 1933 al proyecto reaccionario del Partido Radical y la CEDA. La victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, paralizó este proyecto y retomó el proyecto reformista, que se fue desbordando por el radicalismo de las organizaciones obreras revolucionarias[4].

    2. La represión como hecho en los bandos enfrentados en la guerra civil.

    Una oleada de sangre cubrió los pueblos españoles entre 1936 y 1939. Miles de personas fueron asesinadas[5], en un lugar y en un momento determinado, por el hecho de pensar y sentir de modo diferente a los que en ese mismo lugar y tiempo detentaban el poder, por tener una opción de vida que no coincidía con quienes en aquellas circunstancias asumieron la autoridad política y que los convirtieron en rebeldes, desafectos, en enemigos cuya sola existencia era un peligro y, en consecuencia, había que eliminar. La persecución de los adversarios políticos de clase, convertidos en enemigos a destruir, fue la expresión máxima de la violencia política, precisa Sánchez Marroyo, y España no permaneció ajena al culto de la violencia política, entendida “como método legítimo de acción política, por parte de los totalitarismos de izquierda (comunismo) y de derecha (fascismo)”, y que en la Europa de entre guerras alcanzó gran predicamento[6].

    Y esto sucedió en todo el territorio nacional, tanto en la zona en que tras el 18 de julio de 1936 no triunfó la sublevación militar y permaneció fiel a la legitimidad republicana y a los resultados del Frente Popular, como en la que las tropas sublevadas se hicieron con el control del territorio. En uno y otro bando hubo personas que fueron represaliados, eliminados o sometidos a una dura represión. Unos lo fueron por su religión y otros por el hecho de estar sindicados o afiliados a partidos políticos. Lo ocurrido a partir de 1936, en opinión de Santos Juliá, fue, entre otros aspectos, tanto una lucha de clases como una guerra de religión[7]. La guerra española, en palabras de Martín Rubio, puede considerarse “como un enfrentamiento entre dos grandes concepciones del mundo”[8].

    La sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil, propiciaron una intensa represión por parte de ambos bandos enfrentados. Al principio, la represión se aplicó para eliminar, en uno y otro sector, a quienes se consideraban enemigos y, más tarde, se empleó para controlar y asegurar las respectivas retaguardias. De este modo la represión adquirió un significado y una función prioritaria, el de violencia política “como fenómeno extraordinario y encaminado al restablecimiento del orden político y social preexistente o a la instauración de otro nuevo”[9]. De modo que, siguiendo a Glicerio Sánchez Recio, la represión durante la contienda presentó una doble cara: “la republicana, con un objetivo prioritariamente defensivo, para preservar el orden legalmente constituido, y ejecutada en el mismo ejército para reducir o eliminar a los afines o simpatizantes de los rebeldes y contra la población civil y en la retaguardia, contra los partidarios de los rebeldes, de tendencia antirrepublicana y derechistas. La otra cara de la represión es la adoptada en el bando de los rebeldes y ejecutada también con propósito semejante en el ejército y en la retaguardia contra la población civil”[10]. Ahora bien, la activación de la represión durante la Guerra Civil no se atuvo a las legalidades establecidas, sino que fue desbordada y quedó sometida a la lógica de la propia guerra. Glicerio Sánchez expresa que no puede dejarse atrás el componente de lucha de clases y de revolución social de la Guerra Civil, de ahí que la represión se dirigiese contra los dirigentes políticos y sindicales, y personas de marcada significación política, y además contra personas, familias y grupos de prestancia social, económica y religiosa, altos funcionarios del estado, maestros nacionales, miembros de profesiones liberales, empresarios, sacerdotes, etc.[11]. Y para F. Cobo y M. T. Ortega, la violencia política que se desplegó en Andalucía durante la Guerra Civil y la primera etapa del franquismo, es la expresión final de un largo proceso histórico, en el que se fueron acentuando las fracturas sociales y los conflictos laborales y que se concretó en la “rotunda exclusión del oponente”[12].

    Recuperar la memoria histórica es una forma de reivindicar a las víctimas, a cuantas personas fueron asesinadas. La victoria de las tropas franquistas contribuyó a que no se considerara igual a las víctimas de una u otra represión. Unos fueron vistos como mártires, dignos de honor y memoria, y a otros se les vio llenos de oprobio a los que había que olvidar. Los muertos en el bando franquista fueron contabilizados exhaustivamente, mientras que los muertos del bando frentepopulista quedaron en el olvido. Recuperar la memoria “es un compromiso de justicia, se trata de dar la voz a los que durante tiempo han debido callar”[13]. Cada uno puede reivindicar su propia memoria, de sus familiares, de sus afiliados, de sus políticos… pero la tarea del historiador será entender lo que pasó.

    Al analizar el proceso represivo hay que tener en cuenta que describir no obliga a instrumentalizar lo que se estudia, que es necesario evitar reescribir la historia distorsionando el pasado desde la manipulación sentimental que puede conducir a la simplificación y el sectarismo. Cada personaje debe ser interpretado en su realidad humana e histórica, con sus grandezas y sus miserias[14]. La historiografía surgida desde la Guerra Civil hasta hoy, ha ido explicando el baño de sangre que recorrió España desde la perspectiva ideológica de quien escribe. Franquistas o frentepopulistas coinciden en tachar de rebelde al contrario, de traidores, mientras que la rebeldía afín es presentada como algo natural, un impulso espontáneo, lo que supone un eximente moral de la violencia[15]. A más de 80 años de finalizada la contienda, hoy se tiene la sensación de que entre la historiografía franquista y la historiografía frentepopulista no parece haber término medio, con posiciones fuertemente enquistadas[16].