31.05.2016 22:11
La guerra de los Treinta Años alcanzó unas dimensiones verdaderamente mundiales, pues alrededor del terrible conflicto político y religioso que ensangrentó el Sacro Imperio se libraron otros como el que opuso a la monarquía española con las Provincias Unidas.
En 1621 el imperio español tenía unas dimensiones colosales, pero sus enemigos conocían muchas de sus debilidades. Con unos dominios muy dispersos e institucionalmente heterogéneos, sus ejércitos comenzaron a adolecer de falta de soldados y de recursos.
En 1624 el conde duque de Olivares, mucho más que el valido de Felipe IV, propuso a su señor reunir las fuerzas militares de toda la Monarquía obviando las leyes privativas de sus Estados. La Unión de Armas cuajó definitivamente en 1626. Cada reino o Estado tendría que levantar un contingente de soldados en proporción a su población y riqueza, estimada por los oficiales reales, y enviar la séptima parte de sus efectivos en caso de alarma en otros puntos.
Es bien conocida la oposición que el proyecto suscitó en la Corona de Aragón, en particular en Cataluña, pero en Cerdeña y en los Países Bajos fue aceptada. El gobernador de Filipinas Juan Niño de Távora reclamó su aplicación en 1632 para que portugueses y castellanos repelieran a los franceses, holandeses, ingleses y daneses en Asia, de donde obtenían mucha riqueza, y especialmente en la isla de Formosa.
La Unión exigió de entrada un nuevo esfuerzo a todos los dominios del imperio. En las Indias españolas se llegaron a pedir importantes cantidades para alzar la parte de esfuerzo que les correspondía. El virreinato de Nueva España tuvo que sufragar durante quince años un servicio de 250.000 ducados y el del Perú otro de 350.000. Dentro del primero, el reino de Guatemala corrió con 10.000 pesos de 8 reales o de 7.273 ducados.
Las autoridades indianas se mostraron diligentes, desde los virreyes como el marqués de Cerralbo en la Nueva España a las Audiencias. Las ciudades como Cartagena de Indias, Quito, etcétera estuvieron obligadas a cooperar en todo lo necesario.
Para conseguir el dinero se propusieron diversos medios o arbitrios, al igual que en Castilla. En México se propuso duplicar el 2% de la alcabala, que no supondría un perjuicio para el comercio, y duplicar los costes de la bula. En las mercantiles Panamá y Portobelo también se acudió a la subida de las alcabalas. En ningún momento se quiso convocar a los representantes de las ciudades de la América hispana para evitar la formación de instituciones parlamentarias.
Si al final las Indias no aportaron más recursos a la causa imperial no fue por falta de imperativos, sino por su evolución social y económica, cada vez más autónoma en el siglo XVII. Tampoco los esfuerzos mancomunados de castellanos y portugueses lograron derrotar a los holandeses en el Brasil. Desde una Castilla cada vez más exhausta se prosiguió costeando sin reducir gastos el esfuerzo militar en los Países Bajos, incapaces por sí mismos de aguantar la presión enemiga. En vísperas de 1640 la Unión de Armas no era otra cosa que un proyecto fallido de un imperio en severos aprietos.
