08.11.2019 16:52
Las villas y ciudades de Castilla tuvieron una gran cantidad de atribuciones entre los siglos XIII y XVI con la intención, en teoría, de hacer valer la autoridad real. Andújar recibió por el servicio de Dios, el Reino y el bien público el título de las escribanías del número, cuyos beneficios deberían emplearse en el reparo de sus muros.
Sin embargo, tal concesión benefició a su oligarquía, según se denunció a fines del XVI. Sus oponentes reclamaron que se redujeran a ocho, por ser poca la vecindad de la localidad y no emplearse sus réditos para los fines estipulados. Se propuso que el rey tomara las escribanías, pues sus titulares no se atrevían a oponerse a los regidores, los más ricos e influyentes.
También se reclamó que en el ayuntamiento de Andújar se aumentara de dos a doce el número de jurados, al modo de Jaén, con quinientos ducados de dotación cada uno. Era una forma de contrapesar la fuerza de aquellos poderosos regidores, señores de ganados que acostumbraban a hacer su voluntad. Por ello, el mismo monarca debía nombrar seis u ocho guardianes de términos, dehesas, montes y sierras, sin permitirse apelación alguna a las sentencias del corregidor.
Semejantes peticiones se hicieron al calor de la imposición del servicio de los millones, un nuevo gravamen añadido a los sufridos contribuyentes de la Corona de Castilla, evidenciando el poder de los poderosos locales en una monarquía autoritaria.
Fuentes.
Archivo General de Simancas.
Patronato Real, Legajo 81, D. 222.
