LA PRIMAVERA DE 1936 EN ANDALUCÍA. Por Mª Carmen Martínez Hernández.

    La decantación de las distintas posiciones políticas, e irreconciliablemente enfrentadas, revestidas de sus respectivos lenguajes políticos y culturales, que se dio en la sociedad rural de la España meridional en el transcurso de la Guerra Civil de 1936-1939, se entiende mejor, según F. Cobo y M. T. Ortega, desde la continuidad del conflicto rural y su conversión en un modelo de acción colectiva que adoptó las formas de la violencia política. Es más, la acentuación de las fracturas sociales y sus manifestaciones externas fue conformando en Andalucía las bases sociales que apoyaron la sublevación contra la legalidad republicana. Entender el proceso implica remontarse a la Andalucía de comienzos del siglo XX. El sector agrícola andaluz había experimentado una cierta modernización que afectaría a las pequeñas explotaciones campesinas autosuficientes, aumentando el número de campesinos pequeños propietarios o arrendatarios. Además, el incremento de la población rural del primer tercio del XX, hizo que aumentase el número de jornaleros y asalariados agrícolas. La coyuntura económica propició las estrategias capitalistas en la gestión de las explotaciones agrarias y los pequeños propietarios utilizaron jornaleros, en cuya relación incidieron las políticas de regulación de salarios y duración de la jornada. Todo ello acabó politizando tanto al campesinado como a los jornaleros. Éstos se inclinaron hacia las propuestas anarquistas y socialistas. La llegada de la II República en plena crisis agrícola internacional de los años 30, puso en marcha la promulgación de una legislación laboral avanzada y reformista favorecedora de los intereses de los jornaleros y perjudicial tanto para los intereses de los grandes propietarios y burguesía agraria, como para el campesinado intermedio de pequeños propietarios y arrendatarios[1].

    Desde 1931 la política republicana modificó sustancialmente el poder local, gran cantidad de ayuntamientos pasaron a estar regidos por representantes del PSOE y UGT o republicanos afines. Las autoridades municipales, excepto la etapa del segundo bienio, y a partir de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, resolvieron a favor de los jornaleros los múltiples conflictos de naturaleza laboral[2]. El advenimiento de la República supuso el punto de partida en el que el pueblo, representado en sus concejales republicanos y socialistas, como señala J. M. Macarro, comenzó a ascender las escaleras de los ayuntamientos, históricamente dominados por las élites, para proclamar su nuevo poder. Las futuras Cortes Constituyentes deberían dar cuerpo a la revolución. El carácter populista y revolucionario de la República hizo que quienes quedaban fuera de ella, como las élites, las masas monárquicas, católica y conservadora, fuesen considerados los enemigos del pueblo y de la revolución. Pero la República no significó lo mismo para las diversas fuerzas que la integraron. Para algunos socialistas se trataba de impedir que las fuerzas reaccionarias volviesen a gobernar y se regenerase el país. Para otros, significaba la puerta hacia la construcción de un Estado en beneficio de los trabajadores, hasta el punto que si no se lograba, estos podrían sentirse traicionados por la República. Para los anarquistas, la República era la puerta hacia una revolución libertaria y sindical y para los comunistas lo era para una revolución dictatorial y estatista. Los socialistas fueron la gran fuerza del obrerismo organizado, “los protagonistas de la historia republicana, un partido y sobre todo, un sindicato que  marcó el rumbo de la República desde la izquierda”[3] pero no todos los socialistas compartieron la visión sindical y la divergencia de posturas dentro del socialismo acabaron estallando dramáticamente a fines de 1933, cuando se vio que la República “no dejaba de ser un invento burgués para disimular la lucha de clases”[4] y la abandonaron para dar paso a una segunda revolución: “la obrera contra la república y el capitalismo”[5].

    La victoria del Frente Popular en Andalucía fue tan contundente como sorprendente para las derechas[6]. Entre las primeras medidas tomadas estuvo la reposición de los ayuntamientos democráticos, destituidos en octubre de 1934 por la coalición radical-cedista. En Huelva, en principio, se procedió a reponer a los concejales destituidos en octubre de 1934, pero en marzo de 1936 se procedió a una renovación total del ayuntamiento. Los cambios políticos trajeron novedades sociales y políticas al modificar sustancialmente la composición sociológica de muchos ayuntamientos. Los ediles del Partido Radical, extraídos de la pequeña y mediana burguesía, desaparecieron para dejar lugar a grupos políticos más a la izquierda y además hubo una mayor representación de la izquierda obrera al entrar en las nuevas corporaciones locales el PCE e incrementar considerablemente la presencia del PSOE en concejalías y alcaldía, reequilibrando las relaciones de poder en el mundo rural andaluz con un campesinado dispuesto a resarcirse de las humillaciones de la patronal agraria durante el bienio radical-cedista. Este triunfo frente populista suscitó en los trabajadores el deseo de recuperar todo lo que se les había quitado en el bienio conservador, desde las mejoras salariales a la liberación de sus dirigentes y reapertura de sus centros obreros. Siguiendo a J. M. Macarro[7], para la CNT había caducado el tiempo del Estado y para la UGT lo que había acabado era el Estado burgués para dar paso a uno nuevo, el Estado obrero, en el que los sindicatos –y no el partido obrero o PSOE- eran los que se iban a extender hasta formar la base del nuevo Estado, encarnación del poder obrero. La actividad huelguística entre mayo y junio de 1936 se reactivó, sin superar los niveles de los años anteriores. No obstante, para los trabajadores “era evidente que la llegada al gobierno de una coalición política que ellos habían apoyado y a los ayuntamientos –como concejales y alcaldes- de muchos de sus líderes, fue entendido por los trabajadores como el momento más propicio para plantear unas reivindicaciones hasta entonces postergadas o reclamar la recuperación de las conquistas sociales alcanzadas en los dos primeros años de República”[8].

    A la actividad huelguística en la agricultura andaluza de 1931-1934 y 1936, se sumó la fragmentación política de la sociedad rural andaluza. La fortaleza de las izquierdas y su capacidad de convocatoria sobre campesinos pobres y jornaleros, junto a la radicalización del mensaje verbal de sus proclamas, chocó con los discursos generados desde el frente de la burguesía agraria y ‘sus clases de servicio’, intentando frenar el avance de las izquierdas. Los discursos desplegados desde las organizaciones patronales agrarias, en multitud de ocasiones respaldados por los estratos intermedios del campesinado de pequeños propietarios y arrendatarios, afectados por la crisis y la excesiva combatividad de los jornaleros, contribuyeron a la creación de una ‘coalición reaccionaria’ de carácter ruralizado. Esta coalición respaldó el intento golpista de los sectores conservadores del ejército, frente a la expansión que habían experimentado las izquierdas durante los primeros años treinta, para proceder a la desarticulación de los órganos políticos y sindicales, la derogación de la legislación laboral reformista que había perjudicado tanto a la burguesía rural como a otros estratos del campesinado de pequeños propietarios o arrendatarios[9].

    Junto a la actividad huelguística resulta sorprendente la magnitud de los brotes anticlericales y los actos de violencia política. En la primera se tiene en cuenta el poso de rencor que generó en las clases populares la política reaccionaria del bienio radical-cedista, las provocaciones patronales y los grupos armados de extrema derecha completaron una situación explosiva. No obstante lo más novedoso de la primavera de 1936 fue el incremento de la violencia política que contribuyó a potenciar la conspiración antirrepublicana. Se dio un enfrentamiento entre militantes de izquierdas contra patronos y militantes de derechas, de unos y otros contra las fuerzas del orden público y entre los propios militantes de la izquierda política y obrera. Y en la que intervinieron cuatro factores: la movilización social, que incidió en la afiliación política, sindical y patronal; la incorporación de la juventud, proporcionando nuevos militantes a las organizaciones juveniles de partidos y sindicatos; la confrontación social ante medidas como la reforma agraria, la laicización de la educación, la separación Iglesia-Estado o la política social del gobierno republicano socialista; y la creación de estructuras paramilitares dentro de las organizaciones políticas y sindicales[10]. La movilización política fue también un hecho novedoso, máxime cuando los partidos políticos no estaban consolidados. El pueblo comenzó a manifestarse a través de los partidos y los sindicatos y cuando actuó fuera de cualquier organización mostró una capacidad destructora. Los partidos de izquierda debieron conjugar sus propios proyectos con las peticiones que los trabajadores demandaban. Fueron las organizaciones que encuadraron a los obreros las protagonistas de la historia obrera, no la clase obrera. Ésta se institucionalizó a través de los partidos políticos y de los sindicatos[11].

    También la radicalización de parte del movimiento socialista, el liderado por Largo Caballero y asentado sobre la UGT y las Juventudes Socialistas, favoreció la creación de estructuras premilitares en este sector del movimiento obrero. No menos explícita estaba la violencia verbal contra el adversario político que caldearía el ambiente para la acción armada. Ente febrero y julio hubo treinta y dos  muertos por violencia política en Andalucía. Huelva fue la que menor índice de violencia presentó. Los dirigentes izquierdistas tuvieron una actitud pasiva a la hora de cortar estas prácticas que revertirían negativamente sobre la República, haciendo bueno el discurso conservador de que la República era igual al caos. La vida política en la primavera de 1936 mostró la fragmentación interna de los dos grandes partidos, la CEDA y el PSOE, y la CNT. En esta fragmentación interna, en la falta de proyecto político compartido por los firmantes del Frente Popular para mantener el sistema democrático, la irresponsabilidad en tolerar la violencia de sus seguidores por parte de algunos partidos, es donde hay que buscar las causas del deterioro de la vida política, más que en la polarización de la sociedad o el extremismo político[12]. A la disolución del proyecto revolucionario de la República contribuyeron no sólo las circunstancias externas, sino también  los elementos internos autodestructivos, como los choques entre las diversas concepciones de lo que debía ser el nuevo estado de cosas revolucionario. “Socialistas, comunistas y  anarquistas estaban de acuerdo en la demolición de lo que había pero no lo estaban a la hora de edificar sobre las ruinas”[13].