08.05.2021 10:26
Las protestas que están conmoviendo Colombia actualmente han estallado por razones fiscales, dentro del ambiente crítico causado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no es la primera vez que las tierras actualmente colombianas experimentan motines similares. En época colonial, la insurrección de los comuneros de El Socorro conmovió la vida del virreinato de Nueva Granada.
Las divisiones entre sus autoridades superiores contribuyeron a agudizar el descontento de amplios grupos sociales. Si el 10 de febrero de 1776 se hizo cargo del virreinato Manuel Antonio Flórez, de carácter ilustrado, el 16 de enero de 1778 llegó a Santa Fe de Bogotá el regente y visitador de la real audiencia Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, con amplios poderes y la misión de aumentar las rentas reales.
Ambas autoridades colisionaron. La guerra con Gran Bretaña agudizó el enfrentamiento. Al partir el virrey a la defensa de Cartagena de Indias, el regente tomó importantes medidas en Bogotá. Aumentó el gravamen de los géneros estancados (como el tabaco y el aguardiente), impuso tributo a las manufacturas e impuestos como el derecho de la armada de Barlovento, deslindado de la alcabala. Persiguió el contrabando, además, verdadera válvula de escape de muchas personas humildes.
Pronto surgieron distintas protestas, pero el 19 de enero de 1781 se ordenó al corregidor de una castigada demarcación de Tunja seguir adelante. El 16 de marzo estalló un motín en la plaza del mercado de El Socorro, en nombre del rey. Manuela Beltrán arrancó el decreto de los impuestos, y los amotinados se hicieron con las administraciones de las rentas y liberaron a los reos por contrabando.
La rebelión se extendió al resto de la demarcación, lo que no amilanó al regente, que impuso un nuevo gravamen el 6 de abril, el de un peso por cada amerindio o mestizo libre, y de dos por cada blanco, fuera peninsular o criollo.
En vista de ello, el 16 de abril estalló un nuevo motín en El Socorro, formándose una junta de gobierno con el apoyo de los hacendados locales. El 8 de mayo se enfrentaron sus fuerzas con las de la real audiencia. Las de los comuneros de El Socorro ganaron la batalla del Puente Real de Vélez. En una Bogotá atemorizada se formó una junta con representantes de la audiencia y del cabildo municipal.
El regente tuvo que salir de allí. Su junta se mostró dispuesta a hacer concesiones, y el arzobispo Caballero se ofreció a negociar. En la fuerza insurrecta, los criollos quisieron entrar en tratos y contener a los demás grupos sociales. El 7 de junio se tuvo que ceder a las demandas comuneras, incluyendo la reserva de los empleos a los americanos y la posesión de los bienes comunales de los amerindios, en los acuerdos de Zipaquirá entre el arzobispo Caballero y el hacendado Juan Francisco Berbeo, que fue nombrado corregidor de El Socorro.
Los más radicales lo juzgaron una traición, como el casta José Antonio Galán. Animó a los amerindios a recuperar las tierras del resguardo, a no pagar tributo y a abolir la esclavitud negra. Algunos amerindios se hicieron eco de la insurrección de Túpac Amaru, negando la obediencia al rey de España.
La insurrección adquiría dimensiones verdaderamente revolucionarias, más allá de lo meramente fiscal. Los blancos de toda procedencia cerraron filas, y en agosto de 1781 se reforzó la guarnición de Bogotá con fuerzas de Cartagena de Indias. El 1 de febrero de 1782 fue fusilado Galán. A 18 de marzo se derogaron los acuerdos de Zipaquirá. El indulto del flamante virrey Caballero del 6 de agosto no excluyó que los insurrectos más significados fueran desterrados a la insalubre costa del Darién.
Ciertos autores han contemplado esta insurrección como una oportunidad perdida de emancipación. Aunque no parece claro, lo cierto es que conmovió los fundamentos del orden social del virreinato de Nueva Granada, anunciando nuevos movimientos de protesta.
Para saber más.
Joseph Pérez, la emancipación en Hispanoamérica (movimientos precursores), Madrid, 1986.
