13.09.2020 12:36
¿Un país atrasado?
En el siglo XIX tuvo lugar una transformación trascendental en el mundo occidental, la de la industrialización, a la que España no fue ajena. Entre 1844 y 1875 la economía mundial experimentó un ciclo expansivo, que fue también de gran valor para España, a despecho de sus problemas políticos.
Sin embargo, coincidiendo con la pérdida de los dominios de la América continental, España se incorporó con dificultades a la primera fase de la industrialización (la del algodón, la máquina de vapor y el carbón), mientras Gran Bretaña, Bélgica y en menor medida Francia figuraban en su vanguardia. Hoy en día, con todo, ya no se habla del fracaso de la revolución industrial en España y se reconoce el esfuerzo realizado, con fuertes desequilibrios territoriales: las tierras del interior castellano no tuvieron un desarrollo industrial al modo catalán.
Ciertamente, los niveles de industrialización de España en 1875 figuraban por detrás de los de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, pero eran similares a los del imperio austro-húngaro, los Países Bajos, Suecia y las recién creadas Italia y Alemania, además de por encima de los del imperio ruso o turco. Tal situación cambiaría a partir de entonces, con expansiones tan rotundas como la alemana. Definir, en este contexto, a España como un país atrasado en los términos actuales de desarrollo es difícil.
De todos modos, se sufrieron importantes problemas de pobreza y de desigualdad, medidos en términos de salarios reales, coste de la vida, ingresos familiares, acceso a la vivienda y a servicios educativos y sanitarios. La tasa de alfabetización en 1887 de los menores de veinte años apenas llegaba al 40%, por mucho que en 1857 se aprobara la Ley Moyano de escolarización obligatoria de los seis a los nueve años, muy dependiente de los escuálidos fondos municipales. En 1870, se ha calculado que el Índice de Desarrollo Humano de España era el 64´8 % del de la media de la Europa Occidental, mientras que en el 2000 se encontraba en el 98´9 %. Semejantes desequilibrios limitaron la actividad económica y pesaron gravemente sobre la vida social.
La reforma de la Hacienda pública.
El control de la deuda exterior y la política fiscal son esenciales para impulsar el desarrollo económico. A la muerte de Fernando VII en 1833, España arrastraba una formidable deuda de 4.460 millones de reales. En 1844 los ingresos del Estado no alcanzaban los 900 millones anuales, con una falta o déficit de otros 300 como mínimo. Hacienda no tenía una Caja central, los funcionarios cobraban mal y con retraso y los acreedores tampoco recibían todo lo suyo.
Abordó la reforma el ministro de Hacienda Alejandro Mon en 1845. Los acreedores se tuvieron que conformar con cobrar al 3% de interés anual (consolidación de la deuda). Se desestancó o liberalizó temporalmente la venta de tabaco. Con la asesoría de Ramón de Santillán, se reformó el complejo sistema tributario, estableciéndose unos impuestos directos sobre las personas, la contribución territorial, industrial y comercial y otros indirectos sobre la circulación de bienes, el consumo y las loterías. La impopularidad de impuestos como el de los consumos fue enorme, como ya hemos visto. Sin embargo, los presupuestos del Estado pudieron manejar desde entonces más dinero, aumentando de 1.184 millones de reales en 1845-46 a 2.141 en 1866-67. El ministerio de la Guerra era el mejor dotado, con 403 millones en el último ejercicio.
La forja del actual sistema bancario.
La sociedad anónima y el principio de la responsabilidad limitada impulsaron enormemente los negocios, con la reglamentación del Código de Comercio de 1829, en parte inspirado en el francés de 1807.
De 1829 a 1847 el antiguo Banco de San Carlos (el primer Banco de España con capacidad para prestarle al Estado y tomar algunas decisiones económicas importantes) se convirtió en el de San Fernando, que se unió en 1848 con el de Isabel II, formado en 1844. Esta gran entidad pasó a llamarse Banco Español de San Fernando. En 1844 se estableció el Banco de Barcelona, con capitales privados, y el de Cádiz en 1846.
En 1831 se estableció una Bolsa de Valores oficial en Madrid, en régimen de monopolio hasta 1890, cuando el nuevo Código de Comercio autorizó la oficial de Bilbao. A Barcelona también se le ofreció, pero prefirió proseguir operando de forma más libre, al modo de su histórico centro de contratación mercantil de la Lonja de Mar, el llamado Bolsín.
Para captar el pequeño ahorro, se crearon distintas Cajas y Montes de Piedad según el modelo de la de Madrid de 1838. En el futuro, serían de gran ayuda para evitar los abusos de prestamistas particulares de las pequeñas localidades (los escanyapobres de la tradición catalana).
La crisis financiera internacional de 1847 obligó a realizar reformas y en 1848 se aprobó la ley de sociedades por acciones. Su legislación fue restrictiva y no permitía mover con facilidad los capitales nacionales ni atraer los extranjeros, por lo que los progresistas la reformaron por medio de la Ley de Ferrocarriles de 1855 y la de Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito de 1856, formándose en 1857 los de Santander y Bilbao.
En 1858 el Banco Español de San Fernando se transformó en el Banco de España, con sucursales en Alicante, Bilbao, La Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Le correspondía al Banco de España custodiar las reservas metálicas de dinero del Estado, a cambio de ayudar a su Hacienda en caso de necesidad. También emitía más de la mitad del papel moneda o de los billetes, correspondiendo lo restante a bancos locales autorizados como el Barcelona y Cádiz. Además, la Caja General de Depósitos atraía la inversión privada a las arcas del Estado.
En la ciudad de Valencia se establecieron entre 1846 y 1864 distintas entidades: la Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento, el Crédito Valenciano, la Caja Mercantil de Valencia y el Crédito Mercantil Valenciano, además de la sucursal del Banco de España. En Requena, la quiebra del Pósito municipal, encargado de prestar cereal y dinero a los agricultores en los años de malas cosechas, fue bastante grave, muy parcialmente subsanada por los préstamos del Hospital de Pobres o de algunos particulares, a intereses a veces usurarios.
Este laborioso sistema aguantó la durísima crisis financiera de 1866-67 y en lo fundamental ha llegado hasta hoy, con la incorporación de España al euro (en circulación desde el 1 de enero de 2002) y a las directrices del Banco Central Europeo.
La política económica y el comercio exterior.
La España del Antiguo Régimen practicaba una política mercantilista, que oficialmente reservaba a los súbditos de la Monarquía el comercio americano, y en 1825 aprobó un arancel muy alto sobre los productos extranjeros, proteccionista con los españoles.
Con la liberalización del sistema político español, se formaron dos grandes grupos de opinión. Los fabricantes catalanes (agrupados en 1848 en el Instituto Industrial de Cataluña) defendieron el proteccionismo y el librecambismo de una rebaja arancelaria fue adoptado por los cerealistas castellanos, los vinateros andaluces y los empresarios de la minería.
Si en 1841, bajo Espartero, se adoptó un arancel más librecambista, se promulgó en 1849 otro proteccionista, manteniéndose hasta 1869. Se impuso un sistema racionalista de tarifas para el comercio exterior y se favoreció el equipamiento industrial del país, pero se encarecieron las subsistencias y alentaron las exportaciones de la minería, que aplicó una explotación caracterizada de irracional por algunos autores.
Entre 1850 y 1869, el comercio exterior español aumentó notablemente de 290 a 708 millones de pesetas, con exportaciones por valor de 266 millones e importaciones de 442. Los españoles vendían vinos, uvas, pasas, aceite, lana, mercurio, hierro, plomo o cobre y compraban carbón, algodón, maquinaria o productos manufacturados.
Mientras tanto, el librecambismo ganaba adeptos y el ministro de Hacienda catalán Laureano Figuerola se inclinó en 1869 por un arancel librecambista dentro del reformismo del Sexenio. A partir de 1875, en un ambiente internacional de clara competencia económica, el proteccionismo fue imponiéndose nuevamente.
Las comunicaciones y el tendido de la red ferroviaria.
Al inicio del siglo XIX, España contaba con una red de caminos insuficiente y todavía muy poco articulada, a pesar del reformismo borbónico. La guerra de la Independencia y la primera guerra carlista la perjudicaron más si cabe.
El tendido de canales en la Península, al modo de los Países Bajos, resultaba inviable y el tendido de carreteras empedradas más costoso que en otros puntos de Europa, con orografía menos accidentada. El de las comarcales corría a cargo de unos ayuntamientos sin apenas fondos.
El ferrocarril fue visto como una gran oportunidad y en 1829 se proyectó una línea para exportar los vinos de Jerez. La primera línea española no se tendió en la Península, sino en la azucarera Cuba, la de La Habana-Bejúcal en 1837. Fue seguida de la Barcelona-Mataró de 1848.
Bajo Bravo Murillo, se proyectaron seis grandes rutas nacionales, como la Madrid-Alicante, que partían de la capital en sentido radial, con una consideración más política de control que estrictamente económica. El capital francés, con grandes deseos de inversión, participó en el negocio al calor de la Ley de Ferrocarriles de 1855, importando muchas veces materiales foráneos para la construcción, lo que perjudicó a la producción española.
Se invirtieron unos 2.000 millones de pesetas en 1868, tendiéndose hasta 5.000 kilómetros de línea, por delante de Austria, Prusia y Rusia, pero con menor densidad que Francia, Gran Bretaña o Bélgica. El ferrocarril ayudó a establecer un mercado nacional, al reforzar las comunicaciones entre el interior y el litoral peninsular. Los antiguos arrieros fueron desplazados de los principales caminos, pero el tráfico de mercancías y viajeros todavía era bajo, resintiéndose los beneficios de las compañías ferroviarias a finales del reinado de Isabel II.
También se acometieron mejoras en los puertos y la flota mercante española fue en 1858 la quinta del mundo en tonelaje y la cuarta en buques.
La expansiva minería.
La ley de Minas de 1825 reservaba la propiedad de los yacimientos a la corona, que pretendió explotar directamente las más ricas, como la de mercurio de Almadén, la de plomo de Linares o la de cobre de Riotinto, sin apenas éxito. El cuerpo facultativo de la Dirección General de Minas dirigió el sector, otorgándose concesiones del subsuelo a particulares autorizados, lo que favoreció el minifundismo minero.
En 1849 se suprimió la propiedad real del subsuelo y se inició su desamortización, pero no se actualizó la normativa de concesiones y sociedades mineras, lo que no evitó que muchas propiedades mineras cambiaran de manos, con desasosiego de sus trabajadores.
Entre 1825 y 1849 se deseó alcanzar una producción carbonífera autosuficiente, con las menores dependencias del carbón de las islas Británicas. La minería fue despegando en Asturias de la mano de las excavaciones de los campesinos de concejos como el de Langreo, a partir de los pedidos de los hombres de negocios de los puertos de Gijón y Villaviciosa.
Durante el reinado de Isabel II, España se convirtió en el primer exportador europeo de minerales (plomo, hierro, cobre, cinc y mercurio), alimentando la industrialización de otros países. Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos extraían más hierro que España, pero lo empleaban para sus necesidades industriales particularmente. El cobre de las minas onubenses de Riotinto sobresalió en la exportación mundial, antes de la apertura de las de Chile, Malasia o la Rhodesia británica a finales del XIX. Las galenas argentíferas de la sierra de Cartagena se explotaron intensamente.
Algunos han llamado a la España del XIX El Dorado de la Europa coetánea, pero en 1863 sus explotaciones mineras estaban poco mecanizadas, al estar en manos de empresas modestas. La ley de 1868 dio carácter perpetuo a las concesiones mineras, que serían otorgadas en adelante por los gobernadores civiles provinciales, añadiéndose en 1869 que para mantener la concesión no era necesario el laboreo de la explotación. El capital británico, francés y belga se interesó más todavía por la explotación de las minas de España, que en el último tercio del siglo XIX vivió un verdadero boom.
La industria, un balance desigual.
A veces se ha considerado que toda industrialización sólida reposa sobre las industrias básicas de la siderurgia y de la química, que facilitan el desarrollo de las de consumo. En España, las segundas tuvieron un protagonismo muy superior a las primeras. Asimismo, no todas las regiones accedieron al desarrollo industrial de la misma forma.
En Andalucía hubo intentos desde la década de 1820 de establecer acererías en Málaga, Marbella o Sevilla, pero la dependencia del hierro y el carbón de otros lugares las terminó ahogando. En Cataluña se dieron dificultades muy similares. La carencia de hierro propio en Asturias impidió aprovechar los altos hornos a bocamina. En el área de Bilbao se afirmó la siderurgia por la tradición previa de las ferrerías y el capital ganado con la exportación de hierro a Gran Bretaña, de donde importaba carbón de mejor calidad que el asturiano a buen precio.
La industria química se limitó entonces a unas pocas fábricas de ácido sulfúrico, concentradas mayoritariamente en Barcelona y con alguna representación en Alicante, Málaga, Bilbao y Madrid. Se prefirieron los productos foráneos, más baratos y de mejor calidad.
La industria textil algodonera echó raíces en Cataluña gracias a los capitales logrados con la viticultura y el comercio con América desde el siglo XVIII. Sus fabricantes demostraron una gran habilidad técnica y sus cotonadas pudieron sortear los graves problemas políticos de la España del primer tercio del siglo XIX. El proteccionismo y la venta de parte de su producción en las Antillas españolas fueron de singular ayuda. En 1850 contaba con más 800.000 husos o máquinas de distintos modelos. Cataluña se convirtió en la verdadera fábrica de España, pues el sector algodonero catalán aseguró a España unos niveles medios de industrialización respetables.
La guerra de Secesión estranguló temporalmente el abastecimiento de algodón, que tuvo que ser comprado en la India o Egipto a mayor precio. El producido en Motril o en Cuba resultó caro. Las dificultades temporales del textil algodonero se intentaron compensar apostando por la industria lanera más decididamente en Sabadell y Tarrasa. Esta industria tenía una gran tradición en el interior español, no siempre bien atendida por los poderes públicos. La salmantina Béjar constituyó un núcleo importante, así como la alicantina Alcoy.
La industria de la seda había florecido en el siglo XVIII en puntos como Requena, pero fue declinando gravemente en la primera mitad del XIX por la pérdida del mercado americano, falta de financiación y la plaga de pebrina que atacaba a los gusanos de seda, que diagnosticaría acertadamente Pasteur. Los problemas algodoneros animaron el desarrollo de centros fabriles en Barcelona, Manresa y Reus con suministro de seda de Valencia, Murcia, Andalucía y La Rioja.
Otras industrias importantes fueron las relacionadas con la alimentación, como la vinícola de Jerez o la harinera de Santander.
La liberalizada agricultura.
Las medidas liberalizadoras, de desvinculación y desamortización, cambiaron el marco jurídico de la agricultura española. Las desamortizaciones hicieron cambiar de manos unas 6.500.000 hectáreas de superficie, el 13% del territorio español. Las ventas fueron muy importantes en Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y especialmente en Extremadura. En estas regiones se afirmó el latifundismo.
Se atrajeron capitales a la agricultura y en 1800-1860 se roturaron unas 5.400.000 hectáreas. La expansión de la población y las medidas proteccionistas favorecieron la puesta en cultivo de nuevas tierras, ocasionando en varias áreas de monte un verdadero desastre forestal, según varios especialistas.
Muchas de estas tierras fueron roturadas con mulas, que aran con mayor rapidez y menor profundidad que los bueyes, por lo que los menores rendimientos se compensan con una ampliación de la superficie. La producción de cereales pasó de 60 millones de hectolitros en 1850 a 75 en 1900.
Este aumento de la producción de cereales coincidió con el de otros países, como Argentina, Estados Unidos o Rusia, que determinaron una bajada internacional de precios desde 1880, que perjudicó a los productores. En Castilla la Vieja, los propietarios agrarios reclamaron entonces medidas proteccionistas.
La producción de aceite de oliva se benefició de la introducción de la prensa hidráulica, que permitía una extracción más rápida y de mejor calidad, desde mediados del XIX. Jaén, Córdoba, el Alto Aragón y Tortosa fueron grandes productores, con sólidos núcleos empresariales. La casa Carbonell de Córdoba exportaba desde 1860 sus aceites por el puerto de Málaga. A fines de siglo, la aparición del petróleo y de otros aceites lubricantes lo sustituyeron en la industria como lubricante, al igual que la energía eléctrica lo desplazaría de la iluminación. Se llegó entonces a cuestionar la rentabilidad del cultivo del olivo.
El vino se convirtió en un producto de lujo en la Europa del Norte tras las guerras napoleónicas y en Burdeos se desarrolló una poderosa industria vinícola animada por comerciantes, que sirvió de modelo a los mayoristas de Jerez. Invirtieron en 1860 por valor de 156 millones de pesetas anuales y su éxito animó a otros a seguir sus pasos, desde Málaga a Cataluña, donde se sustituyó la exportación de aguardiente por la de vinos, con centros en Reus, Tarragona y Barcelona. La plantación de viñas aumentó en Requena a mediados del siglo XIX, cuando los hombres de negocios de la sedería en dificultades apostaron por la viticultura. El tendido del ferrocarril implantó esta nueva viticultura en Álava, La Rioja y Valladolid, con consecuencias positivas para sectores como la tonelería. La viticultura española vivió su edad de oro entre 1878 y 1892, coincidiendo con las dificultades de su rival francesa por la plaga de la filoxera, que atacó Burdeos en 1868. Tal plaga nos atacaría en 1870 y especialmente en 1891 y 1896, creando no pocos problemas a productores, elaboradores y comerciantes.
La naranja también fue muy cotizada en el mercado europeo y se establecieron planteles de naranjos en regadío en terrenos antes improductivos, pasando en la provincia de Valencia de las 1.497 hectáreas de 1872 a las 7.150 de 1890. El cultivo de arroz también aumentó, aunque sufrió la competencia del arroz asiático en la década de 1880. La aportación del modelo agrícola de la huerta mediterránea ha sido recientemente reivindicada frente al del Norte de Europa, que combinaba la producción de cereal con la ganadería, en unas condiciones ecológicas distintas. La abolición en 1836 de la Mesta, la poderosa agrupación de ganaderos castellanos que se remontaba a Alfonso X, no comportó las grandes ventajas que algunos supusieron y perjudicó a ciudades como Soria, cuyos principales ganaderos terminaron de trasladar sus capitales a Madrid. Los problemas políticos y el fin de la Mesta facilitaron la exportación de ejemplares de ovejas merinas, de lana cotizada, que se aclimataron en territorios como Sajonia. Se calcula que en 1860 había una cabra por cada tres personas en España, una proporción que iría en disminución en las décadas siguientes.
Cuba en la economía española.
La Cuba del XIX fue llamada la Perla de las Antillas por su riqueza azucarera. Sus ingenios o haciendas con instalaciones para procesar la caña de azúcar fueron de gran importancia y emplearon esclavos de origen africano, introducidos en la isla por mercaderes catalanes burlando las disposiciones de abolición de la trata suscritos con Gran Bretaña en 1817. Cuba y Puerto Rico, además, fueron exceptuadas de la abolición de la esclavitud decretada en 1837. La isla llegó a producir más del 28% del azúcar mundial en 1868. Sus principales compradores fueron los Estados Unidos y a distancia Gran Bretaña. España solo consumía una parte muy modesta y obtenía sus principales beneficios de los impuestos. La producción de café también era valiosa.
Cuba era una de las tierras más prósperas de España, pero su equilibrio social era muy frágil. Se temía el estallido de una rebelión de los esclavos de origen africano y se hicieron gestiones para traer trabajadores chinos, en condiciones ciertamente serviles, desde la intervención española en Cochinchina. La inmigración peninsular se incentivó a partir de 1879 con la intención de blanquear la isla.
Los pequeños y medianos hacendados se vieron atrapados por las redes del crédito y el descenso de la importancia del azúcar cubano en el mercado mundial, hasta un 12% de la producción en 1896, causó muchos problemas. El empleo de la remolacha en Europa y la extensión de la caña de azúcar en las Hawaii o en las Filipinas mermaron sus beneficios. Su producción cada vez era más acaparada por el mercado estadounidense y el protagonismo económico de España se reducía cada vez más en la isla en vísperas de 1898.
El crecimiento de la población.
En el expansivo y problemático siglo XIX, la población española creció bastante en comparación con los anteriores tiempos. En 1797 se contabilizaron unos 10.541.221 españoles, en 1857 (cuando se elaboró el primer censo moderno de nuestra Historia) unos 15.464.340 y en 1900 unos 18.616.630.
La expansión era el resultado de una tasa de natalidad muy alta, que a fines del XIX era del 34 por mil, pero la de mortalidad también lo era, del 29 por mil, resultado de ciertas crisis de subsistencias, como las de la primera mitad del siglo, y del impacto de las epidemias de cólera de 1833-34, 1854-55, 1865 y 1885, que en conjunto acabaron con la vida de unas 800.000 personas.
España todavía no era un país de inmigrantes al modo actual, sino de emigrantes, no solo hacia las Américas. La colonización de la Argelia francesa atrajo en 1841 unos 10.000 españoles y en 1900 la cifra había subido a 160.000. Muchos procedían de las provincias mediterráneas (como Almería, Alicante, Valencia o Baleares) y buscaron colocación como labradores inicialmente, abandonando España por no obtener colocación en la minería o en la agricultura en los años de sequía. Con el tiempo, fueron adoptando el idioma y las costumbres francesas.
El ambiente rural todavía era predominante, pero las ciudades crecieron notablemente, como muchas capitales de provincias. Madrid pasó de 157.397 en 1842 a 540.109 en 1900 y Barcelona de 121.815 en 1842 a 528.946. Sus necesidades de vivienda, equipamientos y servicios alentaron considerables negocios.
Para saber más.
Jordi Nadal y Jordi Catalán (editores), La cara oculta de la industrialización española: la modernización de los sectores no líderes, siglos XIX y XX, Madrid, 1994.
Leandro Prados, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, 2003.
Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, 1994.
Juan Bautista Vilar y María José Vilar, La primera revolución industrial española (1812-1875), Barcelona, 1998.
