05.11.2020 12:19
El camino hacia la Guerra Civil.
Durante años se ha planteado, con angustia incluso, si fue inevitable la Guerra Civil. Los más pesimistas han resaltado los conflictos vividos por la II República, con raíces muy profundas en la vida española, y los más optimistas siempre han intentado valorar cualquier oportunidad de lograr un gobierno estable o de frustrar cualquier conspiración.
Gobernada por fuerzas conservadoras, cuya identificación con el régimen republicano ha levantado más de un debate (más allá de la historiografía), la II República vivió un tiempo muy difícil, llamado por los izquierdistas el Bienio Negro (1934-35), en contraposición al Bienio Reformista. En medio de un clima de violencia creciente, los problemas no se canalizaron pacíficamente por la vía legal y en esta situación el estallido de la guerra civil fue una cuestión de tiempo.
Las contrarreformas de los radicales.
El 16 de diciembre de 1933 Lerroux formó gobierno, que contó con el apoyo en las Cortes de la CEDA. Tenía 115 escaños la CEDA y era la primera fuerza parlamentaria, pero su escasa credibilidad republicana hicieron aconsejable encargar la formación de gobierno al dirigente de la segunda fuerza más votada, la de los radicales.
El gobierno de Lerroux decretó pronto el cese de las medidas de la reforma agraria y 28.000 braceros fueron desahuciados, tras sembrar, como consecuencia. La amnistía de Sanjurjo (al que algunos compararon con los capitanes Galán y García Hernández, con gran irritación de muchos) levantó fuertes ampollas.
Mientras, los tradicionalistas carlistas iban acudiendo a la Italia de Mussolini, donde recibieron formación y armas con la promesa de instaurar en España una monarquía corporativista, que fuera complaciente con las aspiraciones fascistas en el Mediterráneo. En 1935 los italianos invadieron Abisinia, con el rechazo de la Sociedad de Naciones. Llegarían a entrenarse en las afueras de Pamplona.
En este ambiente, el dirigente de la CEDA Gil Robles anunció que sus juventudes sustituirían a los huelguistas, al modo de las de Acción Popular en la huelga de repartidores de ABC.
La tensión en la vida pública.
El monárquico José Calvo Sotelo volvió de su exilio de París tras la amnistía. Los enfrentamientos entre falangistas e izquierdistas proliferaron, llegándose al uso de las armas en una serie de atentados.
Se supo que el cardenal primado Gomá se entrevistó en Francia con el expulsado cardenal Segura, expresándose el más rotundo rechazo a la línea legalista de la CEDA. El 30 de enero de 1933 Hitler había sido nombrado canciller de la república de Weimar y se temía que la II República pudiera quedar en manos de sus contrarios.
Se formó la Alianza Obrera entre los socialistas, los comunistas y los anarquistas, que tuvo dificultades de funcionamiento importantes. La UGT, a través de la Federación de Trabajadores de la Tierra, convocó en junio de 1934 una huelga general. El gobierno declaró la recolección de la cosecha servicio público y suspendió el derecho de reunión. La huelga se secundó en Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Toledo. Terminó con la detención de muchos de sus participantes.
El enrarecimiento de la cuestión autonómica.
El 5 de noviembre de 1933 se había celebrado un plebiscito sobre la autonomía del País Vasco, en el que Guipúzcoa y Vizcaya se decantaron mayoritariamente por el régimen autonómico, mientras en Álava alcanzaba el autonomismo un poco menos de la mitad del electorado. Con todo, las Cortes desecharon el estatuto de autonomía vasco y el ministerio de Hacienda proyectó la supresión del concierto económico.
En Cataluña, el parlamento autonómico aprobó el 11 de abril de 1934 la ley de contratos de cultivo, con el apoyo de ERC y los votos contrarios de la Lliga. Los enfiteutas o arrendadores de viñas podían permanecer en los terrazgos hasta la extinción de los dos tercios de las primeras cepas plantadas (contrato de rabassa morta), pero con la generalización de la filoxera muchos rabassaires fueron expulsados de sus parcelas u obligados a aceptar una condiciones abusivas. La ley de contratos, impulsada por Lluís Companys (antiguo abogado de los sindicalistas agrarios), permitía a los rabassaires convertirse en propietarios tras indemnizar a los terratenientes.
Con el apoyo de la Lliga, que representó los intereses de los grandes propietarios catalanes, el tribunal de garantías constitucionales declaró ilegal la ley de arrendamientos de la Generalitat, encendiendo las iras del nacionalismo de izquierdas.
Un septiembre trágico.
Septiembre de 1934 fue un mes en el que la violencia pistolera en las calles no cedió. Con una crecida CEDA, Gil Robles dio dos concurridos mítines en Lérida y en Covadonga, resaltándola como cuna de la Reconquista.
Dentro del PSOE, los moderados Prieto y Besteiro terminaron secundando al revolucionario Largo Caballero. En un gran mitin en el estadio metropolitano de Madrid, junto a los comunistas, avisaron los socialistas a Alcalá Zamora sobre la entrada de la CEDA en el gobierno.
La CEDA entra en el gobierno.
El 1 de octubre de 1934 Gil Robles dejó caer en las Cortes al gobierno de Samper y la CEDA logró en el nuevo gobierno de Lerroux los estratégicos ministerios de Agricultura, Trabajo y Justicia. El diario El Sol aconsejó celebrar nuevas elecciones, mientras la decisión de Alcalá Zamora fue muy criticada en otros medios periodísticos.
La revolución de Octubre.
Los preparativos socialistas cogieron a los anarquistas sin directrices. La Izquierda Republicana de Azaña se declaró incompatible con el nuevo gobierno. Desde el ministerio de la Gobernación se movilizaron fuerzas de orden público en previsión de alteraciones.
En el programa de los revolucionarios figuraba la nacionalización de los latifundios, la disolución del ejército y de la Guardia Civil en beneficio de unas nuevas fuerzas populares, la reforma de la enseñanza, del sistema fiscal y la mejora de las condiciones laborales.
A la medianoche del 5 de octubre de 1934 se inició la insurrección en Madrid, donde fue vencida con prontitud. En el País Vasco el PNV recomendó a sus militantes no inmiscuirse, pero se formaron comités revolucionarios en Hernani, Eibar y Portugalete, donde se obligaron a desalojar los cuarteles de la Guardia Civil.
El 6 de octubre Lluís Companys proclamaba el Estado catalán dentro de la república federal española, que apenas duró diez horas. Aquél se rindió al general Batet y los radicales alrededor del conseller de gobernación Josep Dencàs (al que se ha considerado un fascista catalanista) huyeron. El movimiento no contó con la colaboración anarquista, de vital importancia en Barcelona.
En la minera Asturias el movimiento adquirió toda su fuerza. Muchos de sus mineros lucharon armados con cartuchos de dinamita y proclamaron una república socialista. En cada municipio del área revolucionaria se formó un comité político y otro de guerra. Los regimientos de infantería de León fueron detenidos en una auténtica guerra de trincheras en Vega del Rey.
Desde el Estado Mayor militar, Franco ordenó avanzar desde Lugo para socorrer a los guardias civiles de Luarca, mientras los revolucionarios atacaban Oviedo desde el Sur. Franco confió el mando sobre el terreno al teniente coronel Yagüe, que ordenó el desembarcó en Gijón de la legión y de los regulares marroquíes. Los combates fueron intensos alrededor de Oviedo, hasta su conclusión el 19 de octubre. Los revolucionarios fueron finalmente derrotados.
La autonomía catalana fue suprimida indefinidamente y Companys fue a parar al penal de Puerto de Santa María, condenado a treinta años. El mismo Azaña, que no había tenido parte en el movimiento, fue detenido en Barcelona y trasladado al destructor Sánchez Barcáiztegui. Los gobernadores civiles destituyeron a los ayuntamientos considerados no adictos, como el de Requena. Los combates en Asturias dejaron un balance de 1.335 muertos, 2.951 heridos y 40.000 presos, en lo que ha sido considerado un ensayo de la Guerra Civil.
Los gobiernos radicales con la CEDA tras la revolución.
Bajo la presidencia de gobierno de Lerroux, la CEDA consiguió cinco ministerios. Gil Robles llegó a ser ministro de la Guerra, nombrando a Franco jefe del Estado Mayor. Eliminación El moderado miembro de la CEDA Manuel Jiménez Fernández, de posiciones reformistas demócrata-cristianas, fue apartado del ministerio de Agricultura: “Si usted desea quitarnos nuestras tierras con las encíclicas en la mano, terminaremos haciéndonos cismáticos”, le llegaron a decir desde las filas de su propia formación política.
Un Lerroux en problemas fue obligado por Alcalá Zamora a resignar la presidencia de gobierno en Joaquín Chapaprieta, que formó el 25 de septiembre de 1935 un breve gabinete que trató de ahorrar dinero en la administración. Lerroux estaba ofendido por haber sido apartado y Gil Robles por no haber sido llamado a la presidencia. Con este mar de fondo, se destapó el escándalo del Estraperlo, en el que se descubrieron sobornos a políticos a cambio de permitir un ilegal juego de ruleta. Los radicales quedaron desacreditados y la CEDA se vio comprometida como aliada. Chapaprieta dimitió y Gil Robles tampoco fue llamado a formar gobierno.
Alcalá Zamora confió el 13 de diciembre en su amigo Portela Valladares para formar un gobierno que convocara nuevas elecciones.
La formación de alianzas electorales.
La competición electoral iba a ser concurrida y las distintas fuerzas políticas habían formado grandes coaliciones para aprovechar mejor la ley electoral.
Calvo Sotelo y el tradicionalista Víctor Pradera habían formado el Bloque Nacional, en el que no se integró ni la CEDA ni la Falange. El comunista José Díaz propuso la fórmula del Frente Popular con otras fuerzas de izquierda, desde los republicanos de Azaña a los socialistas. La URSS de Stalin, deseosa de aproximarse a las democracias burgueses frente a la Alemania nazi, la favoreció.
Las últimas elecciones antes de la Guerra Civil.
La campaña electoral fue tranquila y el 16 de febrero de 1936 se votó con tranquilidad, con una importante movilización de fuerzas de orden público.
En el campo de las agrupadas izquierdas, se votó con el pensamiento puesto en anular las medidas contrarias a las reformas y en liberar a los presos políticos. A pesar de su abstencionismo, los anarquistas tomaron parte en las votaciones a título particular.
A falta de la segunda vuelta de las elecciones en tres provincias, las izquierdas lograron 257 escaños, 57 el centro y 139 las fuerzas de derechas. Tal diferencia de escaños era muy inferior en número de votos. Estas elecciones han sido recientemente muy discutidas, pero su mapa electoral presenta grandes semejanzas con el de la España partida del 18 de julio del 36.
Desde el Estado Mayor, Franco instó sin éxito a distintas autoridades a declarar el estado de guerra, en previsión de posibles movimientos revolucionarios. Portela Valladares no aguantó la presión contraria a los resultados electorales y resignó la presidencia, asumida por Azaña el 19 de febrero.
El nuevo gobierno del Frente Popular.
En este nuevo gabinete de Azaña, los socialistas no asumieron ningún ministerio, prueba de distanciamiento de las posiciones estrictamente burguesas. La amnistía llegó pronto y Companys y los suyos liberados. La Generalitat fue restablecida. En distintos puntos, campesinos de la Federación de Trabajadores de la Tierra comenzaron a ocupar fincas, llegándose a las 232.199 hectáreas.
La violencia callejera volvió a intensificarse. La Falange terminaría ilegalizada y José Antonio Primo de Rivera en prisión. En marzo se produjo otra violenta oleada de quema de conventos, que afectó al de las agustinas de Requena.
Paralelamente, Calvo Sotelo fue encargado de urdir una conspiración contra el régimen, mientras que Franco era apartado a la comandancia de Canarias, donde gozaría de hecho de una gran capacidad de moviientos.
La destitución de Alcalá Zamora.
Con la apertura de las nuevas Cortes, se discutió la actuación de Alcalá Zamora, que constitucionalmente solo podía decretar dos disoluciones parlamentarias para convocar elecciones. Al haber realizado tres, fue destituido el 7 de abril, abandonado por muchos y acusado por sus simpatías políticas. Murió exiliado en Buenos Aires en 1949 y la reciente publicación de sus Memorias ha alzado cierta polémica y más de una sorpresa.
El 11 de mayo Manuel Azaña sería elegido presidente de la República, en lo que algunos comentaristas han interpretado como una patada hacia arriba, privando a la jefatura de gobierno de alguien más capaz y resuelto que el nuevo presidente del gabinete Santiago Casares Quiroga, amigo del mismo Azaña.
El plano inclinado a la Guerra.
En aquella tensa España, la conspiración contra la República avanzaba. El general Sanjurjo fue postulado como su cabeza visible, mientras desde Pamplona el general Emilio Mola (el Director) organizaba la sublevación, contando con la ayuda de los carlistas de allí. La Unión de Militares Republicanos Antifascistas (UMRA) vigilaba tales movimientos y no dejaba de alertar al gobierno. Desde la cárcel, Primo de Rivera encargó al falangista obrerista Manuel Hedilla de seguir las operaciones conspirativas.
En el campo de las izquierdas, la radicalización crecía. En marzo se unificaron las juventudes socialistas y comunistas, bajo la jefatura del hasta entonces socialista Santiago Carrillo, impresionado por el triunfo de la URSS. Los anarquistas de la CNT proclamaron el comunismo libertario en el Congreso de Zaragoza, iniciado el 1 de mayo.
A la conspiración militar orquestada por Mola terminaría sumándose Franco, llamado sarcásticamente por aquél Miss Canarias por sus vacilaciones, resueltas tras la aportación financiera de Juan March. A Mola, su superior el general Batet le preguntó si estaba comprometido en alguna aventura, algo que negó. El ingenuo gobierno de Casares Quiroga lo dio por válido, mientras los preparativos progresaban.
La violencia no tenía fin. En un Madrid afectado por la huelga de la construcción, los tiroteos eran comunes. El 12 de julio fue asesinado el teniente de la guardia de asalto José Castillo, conocido por sus simpatías izquierdistas. Se discute si sus asesinos fueron falangistas o carlistas. La represalia no tardó en llegar y un grupo de policías amigos y de La Motorizada (la milicia de los socialistas madrileños) se lanzó a la calle. Llegaron a buscar a Gil Robles, entonces de veraneo, pero al final terminaron encontrando en su domicilio a Calvo Sotelo. Detenido, amaneció muerto en el depósito del cementerio del Este. Su asesinato se convirtió en la excusa de un levantamiento militar preparado con mucha antelación.
Los entierros de ambos se convirtieron en una impresionante demostración de las dos Españas a punto de matarse sin misericordia.
Para saber más.
Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, Barcelona, 2005.
Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución política en la España del siglo XX, Barcelona, 1982.
Manuel Tuñón de Lara, La II República, Madrid, 1976.
