10.04.2016 15:13
Los servicios urbanos colectivos fueron experimentando un proceso de crecimiento y diversificación que eran a la vez insignia y resultado de la modernización de la ciudades, pero incluso antes de esa modernización los municipios tuvieron una serie de necesidades, aunque su variedad no fuese tan grande como en la actualidad, desde la infraestructura viaria al ciclo hidráulico integral, los residuos sólidos, servicios sociales, etc., que conllevaban unas inversiones considerables a las que los municipios no siempre pudieron -ni pueden- hacerles frente en solitario, de ahí la importancia de las diputaciones provinciales que han intervenido en la gestión y dotación de los mismos sobre todo en la segunda mitad del siglo XX.
Las administraciones locales han intervenido en la provisión de bienes públicos asegurando su dotación, supervisando o gestionándolas, y ha sido en los municipios donde cada diputación provincial ha intervenido en la medida de sus atribuciones y recursos. Las diputaciones, dentro del amplio margen de sus competencias y de la escasez de recursos asignados, tuvieron una actuación importante tendente a favorecer el desarrollo socioeconómico de la provincia aunque su intervención por si sola no fuese suficiente para el mismo, pero en el fomento de los intereses provinciales desarrollaron una gestión, primero en cuanto a infraestructura viaria y después en infraestructura de servicios municipales, cuyos resultados son innegables.
La dedicación de cada diputación a sus municipios está en sus mismos orígenes a comienzos del siglo XIX, si bien lo que entendemos hoy por cooperación de las diputaciones con sus respectivos municipios no cristalizó hasta la Ley de Régimen Local de 1945, con ella y con la acentuación de las posibilidades financieras de las provincias tras la reforma hacendística de 1953, fueron cuajando en cada provincia los respectivos planes provinciales de cooperación. Tomando como ejemplo el caso de la Diputación de Córdoba podemos decir que a partir de 1951 la cooperación se orientó en tres tipos de acciones importantes: a) Construcción de centros escolares en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia; b) Plan de centros rurales de higiene y casas de médicos en colaboración con el Ministerio de Gobernación; c) y por último, el Plan de cooperación con obras menores en los municipios. Los primeros testimonios de cooperación propiamente dicha son los denominados Planes de Ensayo de 1954-55. Los Planes de Cooperación funcionaron paralelamente a los de la Comisión de Servicios Técnicos hasta 1975, año en el que según la Ley 47/75 de 30 de diciembre se fusionaron ambos tipos de cooperación surgiendo una sola denominada Plan Provincial de Obras y Servicios, que vino a constituirse en uno de los instrumentos más importante de colaboración de las diputaciones con sus municipios y a través del cual se realizaron inversiones cuantiosas.
Los temas de cooperación municipal puede decirse que son un fiel reflejo de la situación de la provincia y de la demanda socioeconómica que desde afuera va surgiendo e implicando a la administración provincial. Si en la posguerra se atendió a la reconstrucción de los pueblos, en los años cincuenta, mediante los planes provinciales de obras y servicios las inversiones van destinadas a obras de infraestructura de equipamientos urbanos, caminos y carreteras. El objetivo de la cooperación era que todos los municipios pudiesen tener los servicios indispensables, (abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado, junto a la construcción de centros para la prestación de algún servicio especifico como mataderos, casas consistoriales, escuelas, dispensarios, mercados y cementerios) pero ante la penuria económica de los ayuntamientos fueron las diputaciones las que asumen la promoción y ayuda a los servicios municipales. La cooperación municipal, iniciada en casi todas las provincias en los años cincuenta, constituyó un tímido intento que en algunas provincias no irá más allá de la del estudio y catálogo de las necesidades de sus respectivos pueblos. Hubo que esperar hasta la década de los sesenta para que realmente se notase la cooperación a los municipios y las diputaciones fueran dejando sus provincias plagadas de realizaciones de equipamiento urbano. A partir de entonces las diputaciones sistematizan un nuevo ámbito de actuación en relación con las obras públicas como fue la construcción y mejora de servicios municipales.
Los abastecimientos, saneamiento y alumbrados, que fueron objetivos primordiales durante los años cincuenta y sesenta, fueron descendiendo y cedieron el paso a las obras de pavimentación e instalaciones deportivas. En los setenta aparece la Caja de Crédito de Cooperación para ayudar a financiar las obras a los ayuntamientos y que se mantuvo mucho tiempo, también se constata el interés de los alcaldes por las estaciones repetidoras de TV, y aparece el tema de los terrenos industriales vinculados al deseo de desarrollo económico. Las instalaciones deportivas no comienzan a solicitarse hasta 1973 y siempre en aquellos municipios en los que ya estaban cubiertas otras necesidades básicas. Otro tipo de demandas fueron surgiendo paulatinamente, como las de construcciones socioculturales y comenzaban a aparecer conceptos poco previsibles quince años antes como la protección ambiental, el urbanismo y los conjuntos histórico-artísticos.
En la etapa comprendida entre el final del franquismo y la instauración y consolidación de la democracia surgen en el área de cooperación temas novedosos, entre los que interesa destacar la aparición y mantenimiento de los servicio de residuos sólidos urbanos. En Andalucía el programa especial del V Centenario de la Unidad de España, iniciado en los años ochenta, conllevó una programación cultural que implicó la realización de obras de restauración de monumentos y edificios para actividades culturales.
