02.07.2024 12:20
Tras la oleada de violencia de 1391, el ambiente público en Castilla se volvió más adverso para los judíos, hasta tal extremo que más de uno abrazo el cristianismo para intentar eludir los problemas. Sin embargo, los conversos prosiguieron sufriendo maledicencias y persecuciones.
La comunidad judía de la ciudad de Murcia nos ofrece un panorama algo distinto en este ambiente adverso. Las conversiones forzadas no fueron tan numerosas como en otros lugares y el espacio de la judería no experimentó una mengua de importancia. Las autoridades municipales tomaron en 1461 medidas contra los que pretendieron atacarla. La cercanía a la frontera con el sultanato de Granada, la de los temidos enemigos de la fe en palabras de los cristianos, contribuyó a suavizar algo su situación, máxime cuando el reino murciano no se encontraba muy poblado. En 1457 se determinó que todo habitante de la ciudad de Murcia que alcanzara la fortuna de 30.000 maravedíes, fuera judío o musulmán, debía mantener caballo y armas para la defensa. Sin embargo, los judíos lo consideraron una añagaza para privarlos de sus bienes y se quejaron a Enrique IV en 1460. De poco les sirvió, pues en 1475 se reiteró la obligación, ordenándose en 1482 alardes en marzo y en septiembre.
Castilla se encontraba entonces en guerra civil, sin dejar de combatirse con los granadinos. Los judíos murcianos conocían bien el sultanato como hombres de negocios, manejándose bien en árabe en numerosas ocasiones. Gabriel Israel fue nombrado en 1476 intérprete y trujamán de la ciudad de Murcia por ello.
Tal realidad quizá determinara que el trato hacia la comunidad judía no fuera tan opresivo como en otras localidades castellanas, donde se les trató de recluir todavía más en sus juderías. En 1478 todavía pudo quejarse Moisés Abudarán de la apertura por vecinos cristianos de un portillo en casas de su propiedad. Las autoridades llegaron a pregonar en 1481 contra los que insultaban a judíos y musulmanes, aunque ya entonces comenzara a exigirse con mayor fuerza el portar distintivos en sus vestimentas. Ese mismo año el juez real visitador Juan de la Hoz fue encargado de la delimitación exacta del espacio de la judería.
La larga guerra de conquista de Granada impuso severos sacrificios a las gentes de Castilla, siendo gravados los judíos con importantes contribuciones. En mayo y junio de 1488 los Reyes estuvieron en Murcia, bien atentos a las operaciones en territorio nazarí. Los movimientos de población musulmana provocados por los combates fueron notables: personas como Hamet Chibat fue apresado junto a su hijo y sus criados en 1488 al salir de Málaga antes de ser asediada. Negociantes como Samuel Abolafia compró a un adalid castellano unos cautivos musulmanes de Baza, que más tarde fueron declarados libres. En tratos con el maestre de Calatrava, Samuel también se dedicó al préstamo y no dudó en reclamar lo adeudado a las autoridades cristianas.
Los judíos murcianos también estaban en relaciones con la orden de Santiago. El posesor de un moral Abraham Cohen fue amparado por la autoridad real en 1490. En sus disputas internas, los judíos también jugaron la carta de la justicia cristiana. Así lo hizo en 1489 la dama judía doña Aldonza en defensa de su hija Gracia en contra de Moisés Abenturel. El 10 de abril de 1492, cuando todavía no se hiciera pública la medida de expulsión del primero de mayo, las aljamas de Murcia y Lorca pidieron que Samuel Aben Hayon no fuera juzgado por el juez de los judíos Abraham Seneor, sino por magistrados cristianos.
Tal protección emanaba del sentido de la superioridad cristiana sobre las comunidades judías, ya presente en las Siete Partidas alfonsíes, además de otros intereses más tangibles y contables. Los judíos prestaron a particulares, como Yusef Lopas a Diego de Monzón, e instituciones, y en diciembre de 1488 el municipio Murcia no les debía siete mil maravedíes de intereses.
La bolsa de los judíos no sólo se requirió para solicitar préstamos, sino también para exigir impuestos, que los imperativos de la guerra de Granada hizo cada vez más lesivos. En el aciago 1490 se cobró a la aljama judía más pechos de los debidos a los monarcas, llegándose a empadronar a más de un judío para hacerlo tributar. Se impidió, paralelamente, a David Alfahar a cobrar las albaquías o rentas impagadas de la ciudad de Murcia. La situación fue a peor en 1491, cuando se determinó que contribuyeran a los gastos de la Santa Hermandad, de los pleitos sobre los términos municipales y a los salarios del corregidor.
Todo ello, sin embargo, formaba parte del panorama público habitual del judaísmo en la Castilla bajomedieval. De haberse prolongado más allá de 1492, es muy posible que los judíos murcianos hubieran proseguido sus tratos con los grupos dirigentes locales y que hubieran negociado en las tierras conquistadas en el reino de Granada y en el Norte de África, aunque lo cierto es que desde hacía tiempo soplaban vientos adversos en Castilla contra las comunidades judías.
En 1478 se instauró la Inquisición real en Castilla, pero Murcia no albergó por el momento ningún tribunal del Santo Oficio. Las autoridades municipales no lo consideraron oportuno en 1486 ante las denuncias de un genovés a un miembro de la comunidad judía, pues no acusaban ningún problema de convivencia. Sin embargo, los Reyes nombraron en mayo de 1488 al licenciado Pedro Sánchez de Calancha y al bachiller Francisco González del Fresno los primeros inquisidores del Santo Oficio en Murcia. La jurisdicción de su tribunal abarcaba el reino de Murcia y obispado de Cartagena, incluyendo la gobernación valenciana de Orihuela. En 1490 procedió contra los escribanos del número de la ciudad, acusados de herejía, concediendo sus oficios a otros particulares en febrero de 1491. Su primer auto de fe fue el 26 de junio de 1492, pero la decisión de expulsar a los judíos ya estaba tomada a 31 de marzo, cuando los de murcianos todavía la ignoraban.
La expulsión afectaría a unas ciento cincuenta familias, partiendo muchas de ellas por el puerto de Cartagena en naves fletadas a veces por genoveses. A lo largo de su marcha padecerían robos y agresiones. Varios judíos de origen murciano terminaron estableciéndose en Marruecos. Su patrimonio no sólo atrajo a la Inquisición, sino también a sus competidores genoveses, que llegaron a hacerse con sus préstamos a particulares. Para dilucidar temas patrimoniales se nombró al comendador Antonio de Andújar juez ejecutor en Murcia de los asuntos de los judíos que salieron. Se llegó a conceder en diciembre de 1492 la mitad de su osario mayor y enterramiento al monasterio de Santa Clara, quedándose la otra mitad el contino de la guardia real Alonso Fajardo. Se trataba de borrar así el recuerdo más sagrado de la Murcia judía.
Fuentes.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.
Registro del Sello de Corte, LEG., 149212, 210; 149508, 235.
