25.05.2021 07:31
El pensamiento ilustrado identificó España con una institución particularmente odiosa, la inquisición. Sus rigores no eran los de los primeros tiempos, aunque la situación revolucionaria francesa intensificó sus actividades.
El santo oficio español respondía ante la autoridad real, con el permiso papal, y durante muchas décadas fue contemplado como uno de sus más eficaces brazos ejecutores, atacando los derechos de más de un reino y un estamento.
Por todo ello, la inquisición se encontraba en tela de juicio a inicios del siglo XIX. Sin embargo, el impulso para ser derogada provino de la invasión napoleónica.
Es cierto que el estatuto de Bayona no la abolió expresamente, por mucho que se pensara hacerlo, pero de facto estaba tocada. Quien sí dio el paso definitivo fue el mismo Napoleón. En el decreto de Chamartín del 4 de diciembre de 1808 la derogó, argumentando que atentaba contra la soberanía misma. Se ordenó, asimismo, el secuestro de sus bienes.
Para algunos autores, Napoleón trató de ganarse el favor de la opinión más ilustrada de España y atacar a los que él consideraba sus máximos enemigos, los sacerdotes.
La inquisición carecía entonces de cabeza visible, pero en la España resistente a los napoleónicos todavía estaba legalmente en vigor. Las cosas cambiaron aquí cuando se promulgó la constitución de 1812, la popular Pepa.
En el debate sobre su conveniencia en la nueva España constitucional se enfrentaron partidarios y contrarios a la abolición. Mientras los primeros (con figuras como Agustín Argüelles y el conde de Toreno) la consideraban incompatible con la soberanía nacional, los segundos (con representantes como Francisco Javier Borrull) defendieron que correspondía al papa tomar una decisión así y que la propia nación la quería.
Al final, se declaró la inquisición incompatible con la constitución, y el 22 de febrero de 1813 se decretó su abolición. Sin embargo, los liberales españoles consideraron la religión una pieza esencial de la moral social, y declararon la oficialidad del catolicismo.
Se introdujo entonces la legislación de las Partidas de Alfonso X. Los obispos podían juzgar cuestiones de ortodoxia en su diócesis, y los procesos judiciales debían acomodarse a los procedimientos comunes, apartándose de los inquisitoriales.
La abolición de la inquisición española no fue fácil, y menos lo sería bajo Fernando VII, por muchas matizaciones que se hicieran.
Para saber más.
Joseph Pérez, Breve historia de la inquisición española, Barcelona, 2012.
