03.09.2021 12:17
Tras la Gran Armada, el imperio español todavía tuvo mucho que combatir en el Atlántico y en Europa contra las fuerzas de Inglaterra, de las nacientes Provincias Unidas y de sus contrarios en Francia. El esfuerzo económico resultó considerable, incluso para un imperio como aquel, y Felipe II declaró su tercera bancarrota el 29 de noviembre de 1596.
Con no poca dificultad se alcanzó un acuerdo con los acreedores en 1597, pero también se comenzó a exigir una nueva contribución o servicio de millones, impuesto creado en teoría para sufragar los gastos de la Gran Armada. Debían ser aprobados en las Cortes de Castilla, y sus ciudades y villas tenían que asumir otra pesada carga más.
Ante las autoridades reales fue frecuente presentar memoriales en los que se resaltaba la escasez de medios para atender más pagos. Su tono también fue contenido, pero algunas cartas adoptaron una actitud más desenvuelta. Observando las formas cortesanas, la ciudad de Sevilla criticó veladamente varios aspectos de la política real. Cabeza de un rico reino, sede de la Casa de la Contratación y puerta de las Indias, su riqueza e influencia le conferían unos bríos no compartidos por otros más modestos.
De entrada, se apuntaron distintos errores de procedimiento. El pago de los millones exigía la aprobación de unos arbitrios o gravámenes (como las sisas sobre los productos de primera necesidad) según la misma ley, que además debían ajustarse a los correspondientes plazos.
Pero la precipitación de las urgencias reales no solamente ocasionaba problemas. Se dejaron muy claros los agravios de las ventas de dehesas y baldíos en los lugares pequeños, además de los repartos fiscales injustos sobre los pobres ordenados por los ricos, males señalados hoy en día por la historiografía ampliamente. La justicia social, la de la res publica, se estaba quebrantando, y la ciudad de Sevilla quería evitar la destrucción de la tierra según el pensamiento político coetáneo, que también obligaba al mismo rey.
En línea con ello, se deploraron los daños a la gente pobre por los jueces de comisión, el excesivo número de escribanos y el comportamiento de los regidores perpetuos de muchos lugares de la tierra de Sevilla con más de quinientos vecinos. La colisión entre éstos y la oligarquía hispalense resulta clara.
La política exterior también fue objeto de censura, de forma velada. Debían concluirse las guerras “forzosas, cumplideras y defensivas” en Inglaterra, Países Bajos y Francia, además de procurarse en lo sucesivo no emprenderse más. La futura política de apaciguamiento, iniciada con el tratado de Vervins del 2 de mayo de 1598 con Enrique IV, tuvo amplias raíces.
Las censuras hispalenses surgieron en una ciudad con un destacado ambiente cultural, que se sentía agraviada por los repartos fiscales. Su situación financiera, a despecho de las riquezas que habitualmente contemplaba, era delicada. Sus contadores estimaban su deuda básica en 697.267 ducados, unidos a los 300.000 debidos por su alhóndiga, harto comprometida por la esterilidad de los años transcurridos. Sin embargo, lo peor quizá fuera que pagara anualmente más de veinte millones en réditos.
Por tanto, además de reflexionar, se propusieron algunas medidas prácticas de alivio. El interés de los censales debía reducirse del cuatro al uno por ciento. Al igual que se practicaba con el impuesto de las alcabalas, debían nombrarse agentes contra el desagravio.
De emprenderse alguna nueva guerra, debía hacerse en Italia o en el Norte de África. Tal preferencia mediterránea de la atlántica Sevilla se debía a que en tales frentes se podía contribuir de forma más asequible en especies.
Sede del comercio con las Indias, no olvidó Sevilla la seguridad del área del Estrecho. En el verano de 1596, Cádiz había sido tomada y saqueada por las fuerzas de la armada del almirante Howard y del conde de Essex, cerniéndose la amenaza inglesa por todo el Mediterráneo español. Antes de tal ataque, la seguridad de Cádiz ya había preocupado, y en 1597 solamente contaba con trescientos infantes de presidio o guarnición. Proponía Sevilla aumentarla al menos a mil, pues su protección no sólo interesaba a Andalucía, sino también a Aragón, Cataluña e islas como Menorca, según su sentir.
Tampoco se olvidó de Gibraltar, cuyos vecinos armados y alistados debían recibir pólvora, cuerda y munición por valor de unos 3.000 ducados.
Se entendía el “buen gobierno” con la “seguridad de la conciencia” ante un Felipe II que a su muerte recibiría solemnes honras fúnebres en Sevilla, sobresaliendo su célebre túmulo, con la burla de Cervantes incluida.
Fuentes.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.
Patronato Real, legajo 85, 181.
