02.08.2022 11:03
Desde el 2 de febrero de 1435, día del fallecimiento de Juana II de Nápoles, Alfonso V de Aragón utilizó el título de rey de Sicilia citra et ultra farum. Tras no escasos esfuerzos, hizo su entrada triunfal en la ciudad de Nápoles el 26 de febrero de 1443. Su gobierno se empeñaría en reforzar el poder de la corona en el reino napolitano.
De un Papado en apuros, consiguió la bula del 15 de junio de aquel año, que lo reconocía como rey. En teoría, los monarcas de Nápoles eran vasallos del Pontificado, pero Alfonso consiguió diluir tal circunstancia con la simple entrega de un palafrén blanco por cada festividad de San Pedro y San Pablo. Nada más debía pagar a los Papas, ni los 50.000 marcos de investidura. Toda sanción de destronamiento quedó reducida a la penalización de 50.000 ducados. Además, se abría la posibilidad de una circunstancial tributación del clero del reino.
Para reforzar su posición, legitimó en 1440 a su hijo Fernando, al que convirtió en duque de Calabria, el heredero al trono napolitano. La unión con otros de sus reinos, como los hispánicos, era meramente personal. Las concesiones fueron ablandando a la aristocracia partidaria de los angevinos, y aunque en 1456 concedió a todos los barones el mero y mixto imperio, la plena aplicación de la justicia en sus dominios, éstos tuvieron que inclinarse ante el rey.
Alfonso no desdeñó el fasto, al contrario, y remodeló Castelnuovo tras establecerse en la ciudad de Nápoles en 1449. Se rodeó de hispanos en su círculo más próximo, y organizó su casa al modo aragonés. Cuando lo estimó oportuno, convocó al Consejo a ciertas personas. En 1444, la presidencia efectiva del Consejo recayó en el obispo de Valencia, Alfonso de Borja. Sus funciones judiciales, como si de una Audiencia se tratara, se desarrollaron desde 1448, punto de arranque del Sacro Consejo. Con un canciller y un vicecanciller o regente al frente del mismo, fue un órgano de primerísima importancia en la administración de la justicia real.
Otras instituciones de justicia permanecieron, como el maestre, pero sin gran fuerza. Los jueces de la Vicaría, acusados de venalidad, fueron sometidos a la inspección económica de la Sommaria. Para reforzar más el control del patrimonio, se estableció en 1456 el Consejo de la Pecunia para velar por los derechos económicos del rey, y el de los Sobornos para perseguir la corrupción. Ambos actuaban de oficio, sin necesidad de reclamación, y su labor suscitó amargas quejas en el Parlamento celebrado en octubre de ese mismo año.
Nacidos bajo Federico II, los Parlamentos Generales de Nápoles no participaban en la elaboración de leyes ni controlaban el dinero concedido por medio de ninguna Diputación del General. A sus sesiones, el clero no concurría al estar exento, y los síndicos o representantes de las ciudades cada vez menos. Los barones fueron los únicos que mantuvieron el interés por los Parlamentos bajo los angevinos. Alfonso quiso revitalizarlos en sentido favorable a sus intereses, con la asistencia de los síndicos de las ciudades. Convocó hasta ocho Parlamentos entre 1443 y 1456, convirtiendo a la ciudad de Nápoles en su sede.
En lo relativo al control financiero, mantuvo al maestro chambelán al frente de las finanzas, pero en su línea reformadora entregó a la Sommaria los poderes de inspección de los maestres racionales. Conservó el monopolio real de la sal, el hierro y el acero, junto a los impuestos aduaneros. Con los dineros conseguidos, asoldó importantes contingentes militares.
Mantuvo la división del reino en doce provincias, como la poblada Terra di Lavoro. Aunque la guerra favoreció que se nombraran virreyes con grandes poderes para regirlas, Alfonso fue entregando la autoridad a los justicias a medida que pasaba el peligro. La concesión de capitanías sobre villas no invalidó el pulso cesarista del Magnánimo.
Para saber más.
Alan Ryder, El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1987.
