EL 18 DE JULIO DE 1936 Y LOS DÍAS ROJOS. Por Mª Carmen Martínez Hernández.

        1. El 18 de julio de 1936.

           El 18 de julio de 1936 fue la fecha de la sublevación o alzamiento de parte de las tropas del ejército contra el Gobierno de la República. Los vencedores reconocieron en esa fecha simbólica “el origen de su ruptura con la República, pero también fue celebrada por sus adversarios como el día en que no sólo frustraron el golpe militar, sino que se liberaron de una República que había muerto y que nadie tenía interés en resucitar”[1]. Sublevación y revolución son causas inseparables en la doble liquidación de un régimen.

            La Guerra Civil se inició tras la sublevación de un sector del ejército dirigido por los generales Mola, Franco, Queipo de Llano, Goded y Fanjul, al que se adhirieron organizaciones políticas y grupos antirrepublicanos y de la extrema derecha, contra las instituciones de un Estado legítimamente establecido, el de la República. Desde esta perspectiva, fueron estos militares rebeldes y los grupos y organizaciones que les apoyaron los que protagonizaron los hechos subversivos al pretender alterar los fundamentos del Estado legítimamente constituido y adueñarse del poder. La legalidad estaba de parte de la República. Para los sublevados, la rebelión militar y la inmediata legitimación de su poder vino a ser un ‘plebiscito armado’ que cambió los resultados electorales de febrero de 1936. La rebelión, expresada como ‘movimiento nacional’ fue una respuesta a la Constitución republicana y a las leyes laicas, al ataque violento y continuado a la conciencia nacional, a la manipulación electoral de febrero de 1936 y a la inminente revolución comunista. Desde la perspectiva jurídica de los sublevados, desde el momento en que el ejército se alzó en armas el 17 de julio, adquirió de hecho y de derecho, el poder legítimo, convirtiendo en rebeldes a todos los que se opusieron a dicho movimiento. Es decir se creó una nueva legalidad y se declararon ilegales y subversivos a quienes se mantuviesen leales a la legalidad republicana, que pasaron a ser considerados enemigos y sujetos a la represión[2].

             “Sí es verdad que un porcentaje muy elevado de la población obrera se enfrentó a la sublevación, no podemos olvidar a la otra parte del mismo pueblo que, sobre todo, en nombre de su fe cristiana y su tradición familiar, la apoyó también con decisión, y no ciertamente por afinidad política o de intereses con unos militares ajenos a su medio, de quienes poco esperaban y a quienes nada tenían que agradecer”[3].  La inmensa mayoría de los sectores mejor situados económicamente apoyaron la sublevación, pero ésta no siempre se explicó por semejanza ideológica o de intereses del capital, “sino por la amenaza vista en unos gobernantes que no pudieron o no quisieron permanecer en la órbita de las libertades individuales, el orden social y la propiedad privada”[4]. El fenómeno es interpretado por otros autores, como F. Cobo Romero, como de amarillismo[5], no obstante otros consideran que “este importante porcentaje pone de manifiesto cómo el factor determinante a la hora de la muerte no era la clase social sino la pertenencia a sectores radicalmente opuestos a los grupos que se habían adueñado del rumbo de la República y cuya misma vida era considerada un grave riesgo para el nuevo orden revolucionario que se intentaba implantar. Las creencias religiosas, la exigencia de mantener el orden público, la defensa de la pequeña propiedad y otros factores ideológicos no deben ser olvidados como elementos de cohesión entre diversos sectores sociales”[6].

        2. Los “Días rojos”.

           Los días rojos fueron los transcurridos entre el 18 de julio de 1936, en la práctica desde el 16 de febrero de ese año, hasta la ‘liberación’ de la población por las tropas nacionales. En ellos se basaría la acusación de rebelión militar de los encartados en los Consejos de Guerra, según la interpretación que los sublevados hicieron del Código de Justicia Militar[7].

            Tras la sublevación de parte del ejército el 17 de julio, inicialmente, la mayoría de los elementos civiles vinculados a organizaciones de derechas permanecieron a la expectativa, incorporándose lentamente conforme se hacía presente el ejército nacional en cada provincia. Como señala Martín Rubio para Extremadura, sí se movilizaron con entusiasmo los falangistas allí donde pudieron hacerlo. Diferente fue la reacción de los elementos vinculados a las organizaciones de izquierda que experimentaron una movilización sin restricciones, siguiendo un comportamiento más o menos semejante en casi todos los pueblos: se constituyó un Comité, se suspendieron los trabajos en el campo, se procedió a la recogida de armas y su entrega a las milicias que vigilarían y asegurarían el control en un primer momento de cada localidad, a la vez que se detuvo a los elementos derechistas y se inició la destrucción de elementos representativos de gran valor simbólico como eran las iglesias, los archivos y los juzgados, entre otras medidas que traducían la intención de desarticular el orden vigente para implantar un estado de cosas revolucionario. Lo ocurrido en Cabeza del Buey (Badajoz), por su proximidad geográfica y por la estructura social y económica a la del norte de algunas provincias andaluzas como Huelva, Sevilla y Córdoba, puede servir de ejemplo: “Aquí no se produjo ningún movimiento favorable a la sublevación pero sí la reacción de los sindicatos, especialmente la UGT, que empezaron a tomar medidas como la distribución de militantes armados en puntos estratégicos y la formación de un comité local compuesto por representantes de todas las organizaciones de izquierda. Inmediatamente se procedería a la detención de los vecinos considerados de derechas por su significación política y social a partir de las listas que se formaron en el Comité o con las que cayeron en manos de éste procedentes de los propios partidos, a la requisa de armas, objetos de valor, entrega forzosa de los fondos bancarios y a la profanación de iglesias y conventos”[8].

            La República surgió como una forma de gobierno que no entró en contradicción con la Iglesia católica, buena parte de los católicos colaboró con el nuevo régimen. Fueron los grupos intelectuales anticlericales[9] los que promovieron el cambio en unas masas populares que lo que realmente buscaban eran reivindicaciones sociales y predominio proletario. El resurgimiento del anticlericalismo se relaciona con la identificación, entre los sectores populares, de las instituciones religiosas con los grupos social y económicamente dominantes. De la identificación se pasó a la animadversión cuando la izquierda española, especialmente socialista, comenzó a enardecer al pueblo escribiendo sobre el ‘clerical-fascismo’, convirtiendo el fascismo y el catolicismo en las dos caras de una misma moneda para el discurso de izquierdas[10]. Cuando desde periódicos como El Socialista se animó a quemar conventos[11], y el periódico madrileño Crisol, Diario de la República, destacó el inestimable servicio prestado a la República con la quema de conventos[12]. Para Diego Caro fue la connivencia del clero con las derechas lo que explica la rápida intransigencia de las autoridades locales frentepopulistas contra los actos religiosos y la ira con que fueron atacados los edificios religiosos[13]. También para F. Cobo la Iglesia Católica se ganó la animadversión del pueblo por su vinculación a los sectores sociales rurales dominantes[14]. Para otros autores, la persecución de religiosos coincide  en parte con la represión de carácter sociopolítico pero no se reduce a ella. Martín Rubio apunta que de lo que se trataba era de “erradicar la religión y a sus representantes como el obstáculo fundamental para la nueva sociedad a la que había dado paso la revolución”[15]. Sánchez Marroyo considera que tras la sublevación militar, los círculos más concienciados del proletariado militante creyeron que era el momento “soñado de la gran transformación social y que la revolución exigía el exterminio de la burguesía para alumbrar el nuevo orden del mundo que nacía”. De ahí que en las zonas controladas por los  milicianos se llevase a cabo una intensa persecución de los adversarios políticos y de clase[16]. Sectores especialmente afectados fueron la Iglesia y sus ministros, los terratenientes, los políticos de derechas, los militares y falangistas y derechistas en general[17].

        Milicianos junto a carabineros en la Barcelona del 19 de julio del 36 (Exposición Pérez de Rozas).