19.06.2020 10:30
El que un rey fuera menor de edad era una situación muy peligrosa en los tiempos medievales, pues los ambiciosos y los enemigos encontraban una oportunidad propicia para hacer cumplir su voluntad. Un reino en apariencia poderoso podía verse en graves apuros, como si todos los esfuerzos emprendidos hasta el momento no sirvieran de nada. Castilla, extendida del Cantábrico al golfo de Cádiz, padeció varias veces tan incómoda situación. En 1295 murió Sancho IV a los treinta y seis años, dejando el trono a un niño de nueve años, el mozo Fernando IV. Su madre y tutora doña María de Molina se hizo cargo del gobierno real.
Su matrimonio, por lazos consanguíneos, era considerado ilegítimo por la Santa Sede, muy influida por los intereses franceses favorables a los infantes de la Cerda. Aragoneses y portugueses trataron de ajustar cuentas territoriales con Castilla, cuyos magnates se vieron tentados a ganar mayor poder. En la frontera con el Islam, granadinos y benimerines no daban por perdido el dominio del Estrecho, ni de lejos.
María de Molina demostró su genio político al buscar el entendimiento con los concejos, que antaño habían sido una de las vanguardias de las conquistas castellanas. Verdaderos representantes de la autoridad del rey en territorios harto distanciados, disponían de diestros ejércitos, sus huestes, dirigidas por caballeros del estado llano y del noble. Sus banderías particulares no impidieron que hicieran causa común con doña María, pues la situación les resultaba tan peligrosa como perjudicial. Esta alianza entre titulares de la monarquía y gobiernos municipales se reiteraría en varias ocasiones hasta los tiempos de Isabel I.
Según la Crónica real, la de Molina convocó a los de la Tierra para abril de 1300 a Cortes en Valladolid, en calidad de tutora junto al infante don Enrique, tío de Fernando IV. Se invocó entonces un elaborado planteamiento político, en el que los intereses del rey eran compatibles con los del reino. Se debían ordenar todas las cosas a servicio de Dios y del monarca, a pro y guarda de la Tierra y de todos. La Tierra tenía entonces el sentido de comunidad bien organizada, con sus privilegios y deberes, al modo de las Comunidades de Villa y Tierra de varios puntos de Castilla.
En aquellas Cortes se entabló un verdadero diálogo político, ciertamente forzado por las circunstancias, entre ambas partes, según se aprecia en las respuestas a las peticiones de las villas y ciudades de Castilla con voz en las mismas. Por desgracia no se han conservado los cuadernos de las dadas a León y las Extremaduras, pero aun así el de Castilla es bien elocuente.
Tenían buenos motivos para acercarse las gentes de los concejos a doña María, pues se dieron situaciones tan duras como el tormento padecido por los mercaderes santanderinos camino a Burgos, con los caminos castigados por la inseguridad. Más de una vez, los delincuentes respondían al mandato de ricos hombres, que no vacilaban en acrecentar así sus tropas para ganar más poder. Uno de los tíos de Fernando IV, el infante don Juan, llegó a alzarse como rey de León, amenazando la obra de la reina doña Berenguela y su hijo Fernando III.
No sugirieron aquellas gentes medidas innovadoras, revolucionarias, sino guardar la justicia y los privilegios de cada uno, con las garantías debidas, pues ya se perfilaba el poder del monarca como el del árbitro entre distintas jurisdicciones, respetando las mismas. Si antes de ser condenado cualquiera, debería de ser llamado a Cortes y oído, merinos, alcaldes, notarios y escribanos debían atenerse escrupulosamente a sus deberes. Tampoco los fronteros o encargados de guardar la frontera podían tomar lo que les viniera en gana, degenerando en verdaderos delincuentes. En el fondo, el pensamiento medieval tenía un fundamento tradicionalista, en tanto en cuanto defendía lo establecido en tiempos anteriores como canon de conducta a seguir, apartándose de innovaciones peligrosas.
¿Podemos concluir que doña María de Molina se apoyó en un movimiento conservador? No. Los concejos intentaron poner freno a ciertas actuaciones reales, ya que los hombres buenos designados por el monarca recaudarían los marcos de plata acordados en Cortes para los fines votados, como las bulas papales de reconocimiento del matrimonio de doña María, legitimando plenamente a su hijo Fernando IV. Lamentablemente falló el sistema de control parlamentario, pues en Castilla no se desarrolló ninguna diputación del general al modo de las de los Estados de la Corona de Aragón. Fue un problema que marcó a las Cortes castellanas del futuro. En las de Valladolid de 1300 se pagaron cuatro servicios al rey y otro más para las ansiadas bulas, pero al someterse el infante don Juan se llevó gran parte de las sumas del último al exigir sus soldadas o asignaciones económicas, muy cotizadas por la nobleza castellana.
Se pretendió también una mayor equidad en la contribución vecinal. Tanto clérigos como nobles debían pagar en el mantenimiento de las murallas. Se pidió que si un obispo dictara sentencia por ello, podía ser embargado hasta alzar la condena. Igualmente los judíos contribuirían por los bienes comprados a cristianos.
Doña María de Molina tuvo que apoyarse circunstancialmente en un movimiento que deseaba que la voz de los concejos fuera más escuchada y valorada, pero los futuros titulares del trono castellano no se mostraron muy favorables a compartir su poder con aquéllos. Los más débiles se verían irremediablemente expuestos a las ambiciones de la alta nobleza, bien capaz de disfrutar e incluso usurpar honores y rentas de una monarquía teóricamente cada vez más autoritaria.
Fuentes.
Joseph F. O´Callaghan, “Las Cortes de Fernando IV. Cuadernos inéditos de Valladolid 1300 y Burgos 1308”, historia. Instituciones. Documentos, 13, 1986, pp. 315-328.
