23.12.2018 12:55
A la muerte de Fernando VII, España se enfrentaba a una difícil situación política. La regente María Cristina quiso asegurar el trono a su hija Isabel acercándose tímidamente a las posiciones no absolutistas. Su cuñado Carlos María Isidro se presentaba como el adalid de los defensores más claros del Antiguo Régimen, y la guerra estalló entre los partidarios de las dos grandes opciones ideológicas, encubiertas como de carácter dinástico.
Los españoles de aquel tiempo tuvieron que hacer frente, además, a una pavorosa situación financiera, derivada de la quiebra de la Monarquía absoluta. La pérdida de gran parte del imperio indiano se dejaba sentir con pesadez, pues ya no se disponía de las remesas de metales preciosos que permitían enjugar el déficit comercial y negociar empréstitos en mejores condiciones. La reforma fiscal era otra asignatura pendiente. Mientras en tierras de la antigua Corona de Castilla las heterogéneas rentas provinciales todavía se percibían, con no poco dispendio y no menor complejidad, en las tierras de la de Aragón se había impuesto un impuesto sobre la riqueza individual, el equivalente en Valencia. Los liberales no habían conseguido implantar la única contribución por distintos motivos. La guerra añadió cargas mayores.
Al principio, María Cristina confió para formar gobierno en Cea Bermúdez, que había ejercido como diplomático en el imperio turco y ruso. Su orientación estrictamente técnica en cuanto a las reformas le ha merecido ser considerado dentro de la órbita del despotismo ilustrado. En Alicante, ciudad de clara orientación comercial, su Sociedad Económica de Amigos del País se propuso emprender importantes tareas desde comienzos de 1834. Sin embargo, el cambio político se impuso en localidades como la alicantina. El 22 de marzo del 34 se volvió a restablecer la milicia urbana con vista a desplegar batallones móviles contra las partidas carlistas. A 10 de abril se hizo público el Estatuto Real, considerado más una Carta Otorgada que una verdadera Constitución. La España tímidamente reformista concertó en abril una alianza con Gran Bretaña, Francia y Portugal contra el absolutismo. A comienzos de junio los subdelegados de Fomento fueron sustituidos por los gobernadores civiles.
Sin embargo, un nuevo enemigo dio la cara, el cólera morbo, que el 16 de julio de 1835 se declaró en Orihuela y en Alicante el 22. Con menos de 20.000 habitantes por aquel entonces, Alicante perdió 603 personas hasta el 13 de octubre. Tal epidemia golpeó fuertemente a la sociedad, especialmente a las capas más modestas. Se tuvieron que arbitrar distintos medios económicos de ayuda, como los polémicos bailes de máscaras. El cólera alteró los ánimos populares, como se comprobó en el Madrid de la matanza de frailes, y el 24 de julio los prohombres alicantinos secundaron a las autoridades para embridarlos.
A 23 de agosto se quemaron en Alicante las banderas de los voluntarios realistas y un retrato de don Carlos. La presión popular forzó a los grupos dirigentes locales a adoptar posiciones políticas más avanzadas, más liberales, en línea con experiencias como la de la guerra de la Independencia. El primero de septiembre se formó una junta auxiliar de gobierno y el siete se dirigió una petición a la reina de apertura de las Cortes.
Todavía dentro del Estatuto, se restablecieron las diputaciones provinciales el 24 de septiembre, y el 2 de octubre se convocó a los próceres y a los procuradores. Se intentó por parte del gobierno obtener fondos desesperadamente. Se logró por medio de la diputación alicantina un donativo de dos millones de reales el 30 de octubre. Cuando el 11 de enero de 1836 se volviera a reunir tal institución, se presentó como continuadora del Trienio Liberal (1820-23), todo un símbolo. Se comprometía a examinar el presupuesto, a mantener la milicia nacional y a fomentar la enseñanza, todo un programa de declaración de intenciones, de regeneración social a través de la militancia. Si el 19 de enero se creó una junta provincial de beneficencia, el 22 de abril se emprendió la recogida de libros y objetos artísticos de los conventos. La desamortización de Mendizábal daba sus primeros compases.
La presencia en Alicante de presidiarios carlistas no dejó de provocar problemas de mantenimiento y de seguridad. Se les empleó en trabajos urbanos. A 19 de julio se pretendió mejorar los caminos vecinales del área alicantina, que padeció la irrupción de partidas carlistas a fines de aquel mismo mes.
En el verano del 36 la situación política era muy agitada entre los partidarios de Isabel II. Se exigía avanzar hacia el liberalismo de una manera más clara. El 9 de agosto llegaron noticias de Cartagena y Murcia, favorables a secundar en Alicante el movimiento de Málaga. Aquel movimiento tuvo éxito, y el 10 se volvió a jurar la Constitución de 1812, todo un símbolo. Las milicias se acomodarían a las normas de 1822 y las elecciones a lo estipulado en la Pepa.
Entre octubre del 36 y marzo del 37 los carlistas intensificaron sus acciones en tierras valencianas, irrumpiendo una vez más en la provincia de Alicante. La resistencia de Bilbao se convirtió entonces en todo un símbolo, bien capitalizado por el general Espartero. Mientras tanto, las nuevas Cortes elaboraron una nueva Constitución, que sería jurada por la reina el 18 de junio de 1837. La transición había sido harto complicada, como acredita el ejemplo de Alicante tomado como referencia, y la vida del nuevo régimen tampoco sería un camino de rosas.
Bibliografía.
Nicasio Camilo Jover, Reseña histórica de la ciudad de Alicante, Alicante, 1863.
Víctor Manuel Galán Tendero.
