26.05.2024 12:43
El reino de Aragón se encontraba expuesto a serios peligros internos y externos en la segunda mitad del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II. Si los bandos de todo tipo ensangrentaban la vida aragonesa, la vecindad con una Francia en guerras civiles de religión y hostil a España añadía no pocas preocupaciones.
Los virreyes tuvieron ante sí una ardua tarea. La comunidad de Calatayud, comprendidas sus aldeas, fue requerida el 3 de mayo de 1588 por la autoridad virreinal para poner en pie una fuerza militar contra las gentes de mal vivir del reino. Los municipios aragoneses contaban con huestes propias desde la Edad Media, y ahora la ciudad de Calatayud debía aprestar trescientos hombres y quinientos su comunidad de aldeas. Tal contingente sería armado con mil arcabuces comprados en Vizcaya, debiéndose pedir permiso al Consejo de Guerra para que salieran de tierras vizcaínas y pasaran por Navarra.
Semejantes inconvenientes eran el fruto de la naturaleza compuesta de la Monarquía hispana, con reinos dotados con sus propias leyes e instituciones, a respetar por el mismísimo monarca y sus servidores. Cuando el gobernador de Aragón necesitó artillería el 5 de septiembre de 1588, tuvo que requerirla al arzobispo de Tarragona, en su calidad de señor, para que los cónsules de la ciudad dieran el visto bueno para entregar de dos a tres piezas, aunque no fueran de titularidad municipal. Los cañones tarraconenses, a diferencia de los de Arbeca, se encontraban bien encabalgados y aderezados.
Poner en estado de guerra una fuerza local no era, precisamente, algo sencillo, por mucha disposición que los naturales tuvieran al combate. El 16 de julio de 1590 se tuvo por conveniente que se dispensaran arcabuces de cuerda a las gentes de los valles de Benasque y de su vecindad, tan cercanos a Francia. El capitán Ferrer sería el encargado de la instrucción militar, acomodándola al orden de batalla más apropiado. Sin embargo, semejantes disposiciones no se avenían bien con las leyes del reino. La guarda de los pasos fronterizos, a encomendar a gente de confianza, también planteó problemas.
El conflicto entre el rey y el reino estalló en 1591 de resultas del problema de Antonio Pérez. Las fuerzas reales se impusieron y se desplegaron tropas en Aragón para ejecutar la voluntad de Felipe II, entonces enfrascado en una guerra de proporciones europeas.
Los soldados mercenarios no mantuvieron relaciones nada cordiales con los naturales, por muy partidarios que fueran de la acrecentada autoridad real. En el verano de 1592 alcanzaron fama las insolencias militares en La Almunia de doña Godina. Se temió que los incidentes provocaran un incendio político en Aragón, hasta tal extremo que la misma Zaragoza temió ser saqueada por unos soldados amotinados, al modo de los sucesos acaecidos años antes en los Países Bajos.
Las pendencias de las gentes de Aragón con los soldados se agravaron en abril de 1593 por la carencia de trigo y cebada. A veces, la autoridad militar castigaba a los naturales sin observar las leyes aragonesas. Los problemas de abastecimiento, alojamiento, temperamento y observancia de leyes y costumbres agriaron las relaciones de las tropas con los civiles, como sucedía igualmente en otros puntos de Europa.
En tal tesitura, por mucho que Felipe II hubiera dado un golpe sobre la mesa, los jurados de Zaragoza y de Monzón se quejaron amargamente al Consejo de Aragón en mayo de 1593. Los últimos consideraron los últimos ocho meses de estancia particularmente penosos. De todos modos, las oligarquías aragonesas no siguieron tras los sucesos de 1591 la vía de las catalanas en 1640, cuando la protesta popular las desbordaría. Al expresar su deseo de que la carga fuera asumida por otros, observándose las mismas consideraciones que se habían tenido con Tarazona, procedieron de igual modo que sus homólogos sorianos y de otros puntos de Castilla enfrentados al paso y estacionamiento de tropas, mientras las milicias locales adolecían de problemas de reclutamiento, dotación e instrucción. Se anunciaba el calvario militar de la Monarquía hispana del siglo XVII.
Fuentes.
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.
Consejo de Aragón, Legajos, 0071.
