07.02.2016 12:46
Entre 1325 y 1350 rigió Castilla Alfonso XI, un monarca que ha pasado a la Historia con fama de autoritario y adalid de la justicia regia. Su reinado se sitúa entre la crisis política castellana de comienzos del XIV y el principio de la crisis general a mediados de siglo. Desde el punto de vista de la organización económica su obra fue tan intensa como cargada de futuro.
Es verdad que se invocaron a menudo las leyes y ordenanzas de su bisabuelo Alfonso X y de su abuelo Sancho IV, que adoptaron a la realidad castellana ciertas instituciones económicas de origen andalusí, como el almojarifazgo. Sin embargo, el círculo de Alfonso XI partió de una situación ciertamente preocupante, capaz de llevar a Castilla a un callejón sin salida.
Se acusó en Cortes a sus tutores de dejar unas tierras despobladas y asoladas, lo que no dejaba de evocar los males de una tierra sin rey. La propaganda fue la primera de sus medidas económicas, ya que le dio pie a tomar medidas sobre los oficios y los diezmos del mar que se cobraban en los principales puertos de Castilla.
Más que política económica Alfonso adoptó según las circunstancias una serie de decisiones, cada vez más audaces. En 1329 se mostró comprensivo con los hidalgos que no pagaban fonsado y moneda en el realengo. Tampoco tenían obligación de tributarlos en los dominios de las órdenes militares. Esta paz con el nervio de las caballerías locales, núcleo de no pocas oligarquías municipales, tuvo su precio y el rey no tuvo más remedio que afrontar la caída de las recaudaciones.
Los caballeros se encargarían de registrar a todos aquellos que deberían pechar al rey por sus bienes, pues la falta de un verdadero catastro que se fuera poniendo al día ponía contra las cuerdas los recursos de la corona. Por si fuera algo no pocos soportaban una carga que no les correspondía. En localidades como Burgos sería el propio rey el que concediera y confirmara las exenciones. Por otra parte los privilegiados no podían escaparse de pagar por sus heredades pecheras o adquiridas a personas de tal condición.
La efectividad auténtica de todo ello dependió mucho de personas de poca confianza. Tampoco Alfonso pensó nunca, ni por asomo, en liquidar las exenciones que daban el tono de la sociedad de su tiempo. Invocó su autoridad para acrecentar sus recursos.
En 1338 mandó que todas las salinas de Castilla pasaran a su titularidad, estableció alfolíes para el comercio de la sal en puntos como Santander, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera. La proyección del comercio castellano en el Atlántico cada vez era mayor, como bien se verá en los reinados de sus hijos Pedro I y Enrique II, fatalmente enfrentados como es bien sabido. Se precisó el tributo y la manera de percibirlo por cada fanega toledana de sal.
Con el desarrollo comercial y la regulación de la venta de la sal se animó el crecimiento de la ganadería, ya creada la Mesta en 1273. En 1337 el rey aprobó la libertad de pastos del monasterio de Santo Domingo de Madrid, por ejemplo, y en 1339 se insistió en que no se pagaran los montazgos a los ganados en los lugares no acostumbrados. Cordelar y estrechar las cañadas de la Mesta, bajo la atenta protección de sus jueces entregadores, también le interesó.
Hacia 1340 Castilla había recuperado su condición de primera potencia hispánica, relegando a Aragón y manteniendo a raya a Portugal. Por el Sur las fronteras con los nazaríes de Granada brindaban a los benimerines norteafricanos la posibilidad de atacar y de enseñorearse del Estrecho, ya tan importante para el comercio europeo. Aquel año Alfonso XI consiguió una resonante victoria sobre los musulmanes en la batalla del Salado. Precisamente la guerra y la seguridad del reino habían justificado la adopción de importantes medidas como las enunciadas.
Desde Alfonso X las fronteras castellanas se fueron dotando de un sistema cada vez más efectivo de control aduanero, el de los puertos secos y de mar, en el que rigió el estatuto de las cosas vedadas o de exportación ilegal como los metales preciosos, las armas, los caballos o el trigo en años de escasez. Frente al Aragón de Pedro IV se hizo valer la nueva musculación aduanera castellana, como se aprecia a través de un curioso incidente.
A finales de 1340 el mercader de Zaragoza Sancho González acudió a la feria de Salamanca con mercancías por valor de 30.000 maravedíes. Sin embargo, el servidor Juan García, provisto de un documento del alcalde de sacas de caballos, se las tomó y lo condujo a presencia del rey en Sevilla, lo que provocó la reclamación de Pedro IV.
Posiblemente la obra más conocida en materia económica de Alfonso XI fue la implantación a partir de 1342 de las alcabalas, el conocido impuesto indirecto que perduraría siglos. En 1345 se dictaron normas para su pago en relación al pan y al vino, así como a su pago anual pese a su arrendamiento trienal por compañías de recaudadores. Alfonso fallecería pocos años más tarde por culpa de la peste ante el asediado Gibraltar, pero su impronta marcaría la Castilla de las futuras generaciones.
